Oaxaca, México.- Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno de México a especificar las medidas que tomará para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias sobre México.   El informe del Grupo de trabajo resalta las terribles dimensiones de esta grave violación a los derechos humanos en México y la carencia de una política por parte de las autoridades para prevenirla y sancionarla.   Desde las organizaciones de familiares de desaparecidos así como desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha denunciado la desaparición de miles de personas.     La gran mayoría de estas denuncias no han sido investigadas de forma debida para esclarecer los hechos lo que ha obstaculizado determinar la posible participación de funcionarios del Estado, siendo este participación lo que determinaría que se trata de una desaparición forzada y por lo tanto de un crimen de Estado.   El informe demuestra que la impunidad que siguen gozando los responsables por las desapariciones forzadas sistemáticas de la “guerra sucia” de los años 70 y 80, es  un factor central que ha permitido que la desaparición vuelva  a ser un patrón recurrente en el actual contexto de violencia. La impunidad y la falta de acceso a justicia para los familiares siguen siendo elementos comunes.   La negativa de las autoridades a reconocer las verdaderas dimensiones del fenómeno y la participación de funcionarios públicos en estos delitos, sea por comisión u omisión así como colusión con el crimen organizado, han permitido que se extienda a muchas partes del país.     El hecho de que ni a nivel federal o estatal se haya establecido un marco legal conforme con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada es un fuerte indicador de la inacción oficial ante estas graves violaciones de derechos humanos y la falta de una política integral.   El informe también destaca la ausencia de investigaciones sobre la desaparición de miles de personas durante la violencia padecida en últimos años cuyo paradero sigue sin esclarecerse. A su vez, el informe aborda el trato negligente y discriminatorio que han recibido algunos familiares que acuden a las autoridades.   La falta de investigación, en muchos casos ha servido como justificación a las autoridades para no tratar los casos como posibles desapariciones forzadas sino secuestros cometidos por grupos del crimen organizado.     El Grupo de Trabajo no ignora el papel de los grupos delictivos pero recalca que la obligación de las autoridades es primero investigar y localizar a las víctimas para poder identificar a todos los responsables y determinar si es una desaparición forzada. Es una obligación fundamental del Estado mexicano garantizar el trato digno de los familiares y su acceso a la justicia y a la verdad.   Amnistía Internacional considera positivas las recientes noticias sobre la iniciativa para establecer una base de datos que registre  los casos de personas desaparecidas.     Sin embargo, el Estado mexicano no podrá felicitarse por esta iniciativa hasta que no haya dado lugar a un mecanismo eficaz y accesible, para las familias que permita la realización de investigaciones completas e imparciales.   Ante la presentación del informe el gobierno mexicano reaccionó destacando el cumplimiento de la obligación de excluir de la jurisdicción militar los casos de violaciones de derechos humanos, una recomendación reiterada por el Grupo de Trabajo.     A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno anuncie un cambio que todavía no se ha concretado en la realidad. En la práctica, la justicia militar sigue reclamando la jurisdicción en casos concretos y muchos agentes del Ministerio Público Federal niegan su obligación de investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas como la desaparición forzada con el argumento de que no se ha publicado ninguna reforma en el Diario Oficial. Ante esta situación, es prematuro argumentar que el gobierno haya cumplido.