Oaxaca, México.- En el V “Foro de Diálogo de la Sociedad Civil con las Instituciones de Gobierno de México y la Unión Europea” celebrado el 24 y 25 de octubre en Bruselas, Bélgica, EDUCA expresó su preocupación por la escalada de agresiones a defensoras y defensores comunitarios en el Istmo de Tehuantepec. En el evento al cual, además de organizaciones sociales, asistieron representantes del Gobierno de México y del Servicio Europeo de Acción Exterior, EDUCA exigió un alto al despojo territorial por parte de empresas europeas, así como respeto a la clausula democrática que rige este acuerdo económico.   Y es que desde el mes de mayo de 2011, pequeños propietarios de Unión Hidalgo exigieron a la empresa eólica Demex, subsidiaria de la española Renovalia Energy, rescindir sus contratos de arrendamiento dadas las afectaciones ambientales y violaciones de derechos humanos que sufren los pobladores por la construcción de este parque de energía eólica. Sin embargo, dicho proyecto fue impuesto con una serie de acontecimientos violentos, entre estos: agresiones contra las activistas Bettina Cruz Velázquez y Maribel González, integrantes de la Asamblea de Pueblos en Defensa de los Territorios del Istmo de Tehuantepec. Incluso en estos hechos, uno de los hombres vinculado al grupo agresor, Reynaldo Ordaz Velásquez, murió por disparos de arma de fuego, en circunstancias poco claras (Ver Acciones Urgentes de Amnistía Internacional del 28.10.2011 y del 02.11.2011).   Resulta paradójico que a un año de estos hechos violentos y en medio de fuertes protestas sociales, Felipe Calderón y Gabino Cué, inauguraran el pasado 30 de octubre la fase 1 del parque eólico “Piedra Larga”, asegurando que con estos proyectos “es posible mejorar el bienestar de las generaciones del presente sin comprometer el de las generaciones futuras”. En respuesta a este planteamiento la Red Todos los Derechos para Todas y Todos señaló: “Nada más alejado de la realidad. Proyectos como el del Parque Eólico Piedra Larga sacrifican a la población local para beneficiar a empresas privadas”.   Por lo anterior, resulta muy alarmante para EDUCA el clima de hostilidad que sufren defensoras y defensores comunitarios y activistas de derechos humanos, pues a raíz de los intentos de implementar el parque eólico “San Dionisio” de parte de la empresa española Mareña Renovables, la situación se ha agravado con detenciones arbitrarias, desalojos, amenazas y demás intimidaciones que han padecido en los últimos días pobladores de San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón (Juchitán) y organizaciones solidarias con esta lucha.  

EDUCA reafirma lo expresado en el V Foro de Diálogo México-Unión Europea: “El problema no es la generación de energía eólica, el problema es la injusticia social que se está cometiendo contra los pueblos indígenas. Denunciamos el uso faccioso del discurso de los derechos humanos y del cuidado del medioambiente, cuando se pone por encima del bienestar colectivo los intereses de las empresas. Nos oponemos a esta neo-colonización del territorio. No puede haber un acuerdo económico global, donde no se respetan los derechos de las poblaciones indígenas”.