Anayeli García M./CIMAC   Oaxaca, México.- En espera de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría dejarla en libertad, Adriana –indígena tlapaneca de 25 años de edad– lleva seis años encarcelada por el supuesto delito de “homicidio en razón de parentesco”, cuando en realidad sufrió un aborto espontáneo.   Víctima de un proceso judicial irregular –a decir de su defensa legal– y en el que se le condenó en segunda instancia a 22 años de prisión, Adriana también padeció el rechazo y estigma de los habitantes de la aislada comunidad de El Camalote, en el municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero. Ésta es su historia.   En 2006 la indígena tenía 19 años de edad y se dedicaba a cuidar chivos en el campo para ganarse 20 pesos diarios y así mantener a sus dos hijos, pues su esposo –quien migró a Estados Unidos– de repente dejó de enviarle dinero.   Ese mismo año la tlapaneca inició una relación con otra pareja con la que se embarazó, lo que le valió el estigma y discriminación de su comunidad.   Silvia Castillo, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos y quien ha acompañado a Adriana en el proceso judicial, brinda a Cimacnoticias los detalles del caso.   REPUDIO SOCIAL   En febrero de 2006 y después de casi dos años de ausencia, el esposo de Adriana regresó de EU y al darse cuenta de su embarazo la golpeó y la abandonó. Ella se quedó con sus padres, quienes la recibieron en casa aunque la rechazaron y le reclamaron su “infidelidad”. El 18 de abril de ese año Adriana sufrió un aborto. En ese momento el pueblo aguardaba la llegada de una comitiva del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encabezada por el subcomandante Marcos, quien en ese momento promovía el rechazo a la construcción en la región de la presa hidroeléctrica La Parota.   Los padres de la joven no estaban en casa porque fueron a los mítines. Ella estaba cuidando a sus hermanos y sus dos hijos. En la madrugada comenzó a tener dolores, sintió la necesidad de ir al baño así que salió y mientras caminaba se dio cuenta que había abortado.   Asustada tomó el producto en sus manos y le sopló para tratar de hacer algo, lo hizo por unos minutos pero no logró nada. Sin saber qué hacer, sangrando y con fuertes dolores en el vientre que no la dejaban mantenerse en pie sintió la necesidad de acostarse.   Horas más tarde, aún con miedo, Adriana –quien no habla español, no recibió educación sexual y por tanto no sabía cómo prevenir un embarazo– sepultó el producto para que los niños no se asustaran.   Su papá llegó y notó que la joven ya no tenía el vientre prominente. Enojado le preguntó que había pasado. No obtuvo respuesta, así que dio aviso al comisario del pueblo.   Al día siguiente, reunido en asamblea, el pueblo enfurecido le exigió a Adriana que dijera la verdad y que señalara quién la había embarazado y dónde estaba el producto. De lo contrario, amenazaron con detenerla.   A la asamblea llegaron agentes del Ministerio Público, quienes en lugar de evitar la violencia contra la joven, la detuvieron junto con Virgilio, su pareja sentimental.   DOBLE VICTIMIZACIÓN   Desde entonces y hasta este 2012 los atropellos contra la indígena han sido una constante. Al momento de ser detenida no contó con un traductor.   Las pruebas en su contra fueron las declaraciones de su padre, uno de sus tíos y el comisario, quienes dijeron reconocer al feto, a quien en un acto irrisorio el Ministerio Público le puso el nombre de “Jesús”.   Meses después, durante el juicio, los testigos reconocieron que no habían brindado declaración y que sólo habían firmado un documento para que les entregaran los restos del feto.   Virgilio quedó en libertad mientras que Adriana permaneció en el Cereso de Ayutla de Los Libres por ser la presunta responsable de la muerte del feto. Los resultados de la necropsia indicaban que el deceso “pudo ser una caída por no haber los instrumentos necesarios para atender el parto”.   Casi tres años después de los hechos y con todo en su contra por ser mujer, indígena, pobre y monolingüe, el 30 de octubre de 2009 un juez de primera instancia la condenó a 32 años de prisión por el delito de “homicidio calificado”.   Al ver una clara injusticia, el defensor de oficio apeló la sentencia y logró que el juez estableciera que no se reunían los elementos para considerar que se trató de un homicidio calificado, como lo establece el artículo 103 del Código Penal estatal.   Parecía que el juez Alfonso Vélez Cabrera ordenaría la reposición del proceso y abriría la oportunidad de liberar a la indígena, pero no sucedió así porque sólo reclasificó el tipo penal a “homicidio en razón de parentesco”.   Como el delito seguía siendo grave, en abril de 2010 el juez dictó una nueva sentencia y la condenó a 22 años de prisión, una pega que purga en el Cereso de Chilpancingo donde permanece desde 2009, cuando fue trasladada desde el penal de Ayutla de Los Libres.   En ese año la defensora de Derechos Humanos Silvia Castillo conoció a Adriana y le ofreció acompañamiento legal. Al complicarse el caso, la activista pidió ayuda al Centro Las Libres de Guanajuato, que defiende y promueve los derechos sexuales y reproductivos.   En septiembre de 2010 el Centro Las Libres y la Clínica de Interés Público y Litigio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) lograron la libertad de siete mujeres presas por abortar en esa entidad.   La clínica del CIDE decidió llevar el caso de Adriana por lo que en setiembre pasado interpuso un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia del estado y pidió la intervención de la SCJN, la cual ya atrajo el caso.   El pasado 28 de marzo la Primera Sala de la Corte atrajo el amparo para revisar si se violó el debido proceso de la indígena tlapaneca.   Con este amparo, las y los defensores de Adriana confían en que las y los ministros señalen que el proceso fue irregular, que las pruebas para acusarla no fueron científicas ni rigurosas, y que al mismo tiempo se pronuncien sobre el derecho de las mujeres a ejercer su maternidad libremente.