Gladis Torres Ruiz Oaxaca, México.- Por vez primera desde hace 25 años, el Comité contra la Tortura de la Organización de las  Naciones Unidas (ONU) analiza la “impunidad agravada” en los casos de tortura cometida contra las mexicanas.   Al comenzar hoy en Ginebra, Suiza, la evaluación al Estado mexicano sobre el tema, el comité de expertos criticó las “demasiadas lagunas de información” presentadas por las autoridades en su reporte oficial ante la ONU.   De acuerdo con un comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Comité contra la Tortura demandó al Estado mexicano resultados concretos de los programas y acciones dirigidas a combatir las desapariciones de mujeres, el feminicidio y la tortura contra ellas, así como los ataques y represalias hacia las defensoras de Derechos Humanos (DH).   Según la Red Nacional, la tortura que se ejerce contra las mexicanas se traduce en hostigamiento, violencia sexual, humillaciones, amenazas, y golpes contra ellas, sus hijas e hijos.   La evaluación a México concluye mañana. El Comité contra la Tortura es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1984, y que entró en vigor en 1987. Nuestro país se sumó a esa convención en 1986.   La delegación mexicana en Ginebra se compone de más de 30 funcionarios del gobierno federal y de diversos estados.   Uno de los casos más preocupantes para los expertos de la ONU es la tortura y violencia sexual cometidas por policías federales y estatales contra mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.   El Comité contra la Tortura advirtió a los representantes del Estado mexicano que sigue vigente en todo el territorio nacional el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las víctimas en los procesos penales.    Asimismo, los expertos criticaron el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el “fenómeno de impunidad agravada” en el que permanecen los actos de tortura.   CASOS EMBLEMÁTICOS   La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), y la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entregaron ayer a la ONU un informe ciudadano en el que denuncian de manera particular la impunidad en los casos de tortura sexual, entre ellos el de las sobrevivientes de San Salvador Atenco.   Las y los defensores de DH pidieron al Comité contra la Tortura que recomiende al Estado mexicano que investigue con la debida diligencia y sancione a los responsables.   Igualmente, las y los activistas solicitaron que las pesquisas del caso Atenco las realice la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y no las autoridades del Edomex, tal y como lo determinó en julio pasado el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).   En ese mismo mes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Edomex informó que ejercitó una orden de aprehensión contra tres policías estatales por su presunta relación con los hechos en Atenco, aunque uno de ellos (Luis Cristóbal Sánchez Álvarez) falleció en 2011. Los dos agentes detenidos y bajo proceso penal son Eduardo Vite Mendoza y Ricardo Consuelo Cruz.   En el informe “Situación de la tortura en México”, entregado al Comité de la ONU, las organizaciones civiles señalan que los métodos de tortura practicados contra las mujeres son la violación sexual, hostigamiento sexual, y la humillación, así como amenazas contra la familia, tales como golpear a sus hijos e hijas, quitar la custodia de sus hijos e hijas o violar a las menores de edad.   “Estos métodos van aunados a amenazas de muerte, simulacro de ejecución, simulacro de toques eléctricos y mutilación, golpes, asfixias, descargas eléctricas, ser testigos de la tortura de otras personas detenidas, privación de agua y comida, y negación de atención médica adecuada”, añaden en el reporte que pretende contrastar la información del gobierno mexicano.  

Como ejemplo de lo anterior, mencionan el caso de mujeres chiapanecas que denunciaron actos de tortura y malos tratos, tales como aislamiento e incomunicación, dentro de instalaciones de las fuerzas de seguridad o en vehículos, e incluso en juzgados o en las fiscalías del Ministerio Público (MP).

  Asimismo, las y los activistas advierten que los homicidios de mujeres en México por razones de género –la gran mayoría impunes– son precedidos por tortura, mutilación de partes corporales y agresiones sexuales.   Las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU al Estado mexicano serán publicadas en las próximas semanas.