Jueves 13 de septiembre, 2012. 01:25 pm
Eviel Pérez presenta proyecto para establecer Pensión Única por Vejez
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Oaxaca, México.- El senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eviel Pérez Magaña presentó a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y se cree la Pensión Única por Vejez.
Explicó que la propuesta de reforma tiene como propósito garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimento.
Precisó que no se trata de una dádiva del gobierno en turno o moneda de cambio con fines electoreros a través de programas que puedan eventualmente desaparecer, sino por el contrario la propuesta es, elevar a rango de Ley, y como obligación del Estado, la permanencia del Programa de Pensión Única por Vejez.
La propuesta tiende a proteger a aquellas personas con 65 años cumplidos, que no estén incluidas en ningún sistema de ahorro para el retiro, que demuestren su residencia en territorio nacional y que sean registrados en el padrón de beneficiarios que para ese efecto se integre.
“Proponemos que en esta Ley se incluya la Pensión Única por Vejez, que consistirá en un apoyo económico mensual intransferible e inembargable, a quienes reúnan los requisitos ya mencionados”, destacó el Senador Eviel Pérez Magaña.
Explicó que corresponderá al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores integrar y actualizar el padrón de beneficiarios de Pensión Única por Vejez y así estar en condiciones de establecer y conocer sus alcances.
Recordó que 7.4 millones de hogares del país según el INEGI, cuentan con un adulto mayor lo que representa el 26% de los hogares del país, “de ahí el tamaño del compromiso que tiene el Senado de la República por aprobar la propuesta”.
Pérez Magaña afirmó que para delimitar este derecho, se propone que se actualice anualmente conforme al índice nacional de precios al consumidor; y que se pierda por muerte, comprobación de ingresos por concepto de pensión o jubilación, entre otros supuestos.
Es importante saber que el comercio informal, el desempleo y que la esperanza de vida se haya elevado en los últimos años, lo cual ha generado un número creciente de adultos mayores condenados a una vejez desprotegida, sujetos al apoyo de familiares o amistades que en muchas ocasiones los lleva a la mendicidad y al abandono de sí mismos, expuso.
Consideró que por razones de justicia social, por un elemental respeto a los individuos sea cual fuere su condición social, es que se propone introducir la prestación de Pensión Única por Vejez en la Ley que protege a los adultos mayores, con el propósito de establecer el derecho a una vejez digna para aquellas personas que carecen de un sistema de seguridad social.
“Se trata de garantizar el derecho a una vejez con calidad de vida, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, a todos los que culminan su vida productiva. Como derecho ganado a pulso por su trabajo en esta gran nación”, resaltó.
Explicó que la propuesta de reforma tiene como propósito garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimento.
Precisó que no se trata de una dádiva del gobierno en turno o moneda de cambio con fines electoreros a través de programas que puedan eventualmente desaparecer, sino por el contrario la propuesta es, elevar a rango de Ley, y como obligación del Estado, la permanencia del Programa de Pensión Única por Vejez.
La propuesta tiende a proteger a aquellas personas con 65 años cumplidos, que no estén incluidas en ningún sistema de ahorro para el retiro, que demuestren su residencia en territorio nacional y que sean registrados en el padrón de beneficiarios que para ese efecto se integre.
“Proponemos que en esta Ley se incluya la Pensión Única por Vejez, que consistirá en un apoyo económico mensual intransferible e inembargable, a quienes reúnan los requisitos ya mencionados”, destacó el Senador Eviel Pérez Magaña.
Explicó que corresponderá al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores integrar y actualizar el padrón de beneficiarios de Pensión Única por Vejez y así estar en condiciones de establecer y conocer sus alcances.
Recordó que 7.4 millones de hogares del país según el INEGI, cuentan con un adulto mayor lo que representa el 26% de los hogares del país, “de ahí el tamaño del compromiso que tiene el Senado de la República por aprobar la propuesta”.
Pérez Magaña afirmó que para delimitar este derecho, se propone que se actualice anualmente conforme al índice nacional de precios al consumidor; y que se pierda por muerte, comprobación de ingresos por concepto de pensión o jubilación, entre otros supuestos.
Es importante saber que el comercio informal, el desempleo y que la esperanza de vida se haya elevado en los últimos años, lo cual ha generado un número creciente de adultos mayores condenados a una vejez desprotegida, sujetos al apoyo de familiares o amistades que en muchas ocasiones los lleva a la mendicidad y al abandono de sí mismos, expuso.
Consideró que por razones de justicia social, por un elemental respeto a los individuos sea cual fuere su condición social, es que se propone introducir la prestación de Pensión Única por Vejez en la Ley que protege a los adultos mayores, con el propósito de establecer el derecho a una vejez digna para aquellas personas que carecen de un sistema de seguridad social.
“Se trata de garantizar el derecho a una vejez con calidad de vida, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, a todos los que culminan su vida productiva. Como derecho ganado a pulso por su trabajo en esta gran nación”, resaltó.
Alertó que la realidad social arroja que alrededor de dos millones de adultos mayores no cuentan con seguridad ni protección social para su vejez. Ejemplificó que tan sólo en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas los adultos mayores indígenas representan el 7.6% de este sector de la población en el país que viven en las regiones marginadas sin acceso a los servicios de salud a causa de falta de recursos.
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