Oaxaca, México.- Respecto a la aprobación de la nueva ley de deuda pública, el diputado de la Fracción Parlamentaria del PRD Francisco Martínez Neri consideró que la principal ventaja de la nueva ley es que establece un registro único de empréstitos y obligaciones de pago con el que se pondrá orden a la contratación de empréstitos, así como de los derivados y de las obligaciones de pago.   Aseguró que de esta manera se supera el esquema general de la ley de 1996 y que todo el conjunto de obligaciones quedará adecuadamente registrado por la Secretaría de Finanzas con independencia de que sea contratada por el estado o por los municipios, “lo cual es un elemento positivo y que da certeza”. El legislador del sol azteca consideró positivo que el Registro incluya de forma ordenada la suscripción, emisión o colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro documento pagadero a plazo; la contratación de préstamos o créditos; la contratación de obras o servicios con el carácter de Inversiones Públicas Productivas cuyo pago se pacte a plazo; la celebración de operaciones con instrumentos derivados que impliquen un compromiso en el futuro; el otorgamiento de cualquier garantía o aval, y en general, todas las operaciones de financiamiento que comprendan obligaciones a plazo, independientemente de la forma en que se les documente.   Indicó que también es importante señalar que con el dictamen se logra una adecuada definición de inversiones públicas productivas “que serán el destino de la deuda u obligaciones contratadas”.   Sostuvo que, se estableció un mecanismo limitado para la atención de problemas de flujo de efectivo hasta por 90 días sin que constituyan deuda y se fijaron topes requisitos para que el ejecutivo pueda realizar los actos necesarios para constituir obligaciones de pago únicamente para ese fin y reportándolos en el Registro único de empréstitos y obligaciones de pago.   “Lo anterior permite la operación del gobierno pero sin que este pueda abusar de las contrataciones de corto plazo pues se establecieron controles y condiciones que obligan a actuar con responsabilidad y transparencia”, indicó.   Martínez Neri comentó que se establecen condiciones que eviten que la contratación de deuda en el último año de una administración afecte de forma negativa a la siguiente con un plazo de 180 días y otras disposiciones que impiden que la nueva administración reciba adeudos establecidos al final de la administración saliente.   “Nunca más se tendrán caso de deudas heredadas o contratadas en el último momento y que solo son fuente de conflictos y problemas para el cambio de las administraciones”, finalizó