Aída Suárez Chávez/CIMAC Oaxaca, México.- A pesar de no haber reformado su Constitución para penalizar el aborto, el estado de Hidalgo tiene bajo proceso a 20 jóvenes y adolescentes. Mientras el Congreso de Hidalgo mantiene en la congeladora una iniciativa para despenalizar el aborto, en la entidad continúa la criminalización de las mujeres por interrumpir embarazos no deseados. De 2008 a la fecha, cuatro adolescentes han sido denunciadas penalmente por abortar, delito que es considerado “no grave” por la legislación estatal. Además otras 16 jóvenes mayores de edad enfrentan procesos por haberse realizados abortos inducidos entre 2010 y 2012. Según cifras oficiales del sector salud hidalguense, 2 mil 23 mujeres adolescentes y jóvenes tuvieron abortos espontáneos en 2011. Hidalgo no forma parte de los 17 estados del país que reformaron sus constituciones para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, pero aún así condena penalmente a las mujeres por interrumpir sus embarazos. En las entidades donde se aplicaron las contrarreformas se ha limitado el derecho al aborto legal, e incluso hubo casos de mujeres encarceladas. El pasado 28 de septiembre se conmemoró el “Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe”, efeméride con la que defensoras de los derechos femeninos impulsan acciones para que las mujeres tengan acceso a abortos legales y seguros. Este año, una de las demandas centrales de las feministas es promover la despenalización del aborto como una medida que garantice el pleno ejercicio de ese derecho. RETRASO Desde hace un año, el Congreso hidalguense mantiene en comisiones una iniciativa presentada en junio de 2011 por la diputada del PRD Sandra Ordaz Oliver, con el fin de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, tal y como está estipulado en el Distrito Federal. La iniciativa, “congelada” en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, fue presentada –según la argumentación de la legisladora– ante el problema de salud pública y social que representa el aborto en el estado de Hidalgo. Con la propuesta de reforma se busca además combatir la criminalización de las mujeres que se practican la interrupción del embarazo en lugares inseguros y en condiciones que ponen en riesgo sus vidas. “Cuando una mujer decide abortar es porque fue la última opción que tuvo”, explica Bertha Miranda, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Hidalgo. Agrega que por ello es importante que haya leyes que no pongan en peligro la vida de las mujeres, y que les garanticen el derecho a la salud independientemente de su condición social y edad. Los artículos 154 a 158 del Código Penal estatal definen al aborto como un delito “no grave”, lo que significa que alcanza fianza y libertad. En el artículo 154 del Código vigente desde 1990, se señala que el aborto se reconoce como delito por la “muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. En mujeres de 18 años en adelante la pena de prisión va de 1 a 3 años y la multa es de 3 a 40 salarios mínimos, cuando el aborto es inducido. No se castiga cuando es producto de un accidente; por violación sexual; cuando el embarazo fue provocado por medios clínicos; por  peligro de muerte de la madre; o porque el producto tenga defectos congénitos o genéticos que supongan daños físicos o mentales. “PRIVILEGIOS” Noé Hernández Rivera, titular del Juzgado 2 para adolescentes –en edades de 12 a 17 años–, señala que la Ley de Justicia para Adolescentes “privilegia” a las jóvenes procesadas por abortar con el seguimiento de sus juicios en libertad. Aclara que ellas sólo se sujetan a algunas medidas cautelares para garantizar que respondan al procedimiento en su contra. “Ninguna va a prisión porque el aborto no es considerado delito grave, sin embargo deben cumplir con reglas establecidas por la ley aplicadas en cada caso”, abunda el juez. De ser encontradas “culpables”, indica Hernández Rivera, se podrán imponer medidas como apercibimiento; libertad asistida; prestación de servicios a favor de la comunidad; limitación de residencia; obligación de acudir a determinadas instituciones para recibir formación educativa, técnica, orientación o asesoramiento; o la obligación de abstenerse de tomar bebidas alcohólicas o estupefacientes. En el caso de las jóvenes indígenas del estado, Ana Gabriela Ortiz Pacheco, jueza del penal de Pachuca, apunta que debido a los usos y costumbres, ellas no denuncian ante las autoridades si son víctimas de violación por lo que se dificulta el procedimiento para los abortos legales. Se ha documentado que las indígenas recurren a prácticas tradicionales para interrumpir sus embarazos que muchas veces las ponen en peligro de muerte.