Oaxaca, México.- Con el fin de resarcir el daño y la indiferencia de los gobiernos de muchas décadas, así como cumplir con uno de los compromisos con los habitantes de esta etnia, este lunes el Gobierno del Estado comenzó con la instalación de la sede de la representación gubernamental en San Juan Copala.               En entrevista, el Gobernador Gabino Cué dio a conocer que esta representación funcionará en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ubicada en San Juan Copala con el fin de atender las necesidades y  demandas de los habitantes de esta agencia, así como de las diferentes comunidades de la zona triqui baja.               De la misma manera, agregó, se trasladó un equipo de las Brigadas Bienestar, quienes a partir de este martes, ofrecerán sus servicios en las 32 comunidades, en tanto, en breve se iniciarán las obras de infraestructura, de educación y de salud, con el fin de detonar el desarrollo social y económico de la región.               Indicó que esto es parte de los compromisos que realizó con las autoridades municipales de la zona triqui baja,  para empezar a pagar la deuda que el Estado tiene con ellos. Las acciones gubernamentales se producen en el marco del Acuerdo por la Paz y Concordia en la Zona Triqui, suscrito por las autoridades y el gobernador el pasado 25 de enero.               Para Gabino Cué y a pesar de las dificultades que esto conlleva, continúa con el proceso de acercamiento entre los habitantes, autoridades y las familias desplazadas, para llegar a un acuerdo, y pueda haber un retorno seguro y digno de las 135 personas que tienen a su favor medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.               Recordó que en este marco, el sábado pasado, una comisión de 10 personas desplazadas acudió a la asamblea comunitaria de San Juan Copala, para dialogar sobre el regreso de las familias, que han permanecido por más de un año fuera de su comunidad.   Indicó que en este encuentro, participaron como observadores funcionarios estatales, así como el Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Heriberto Antonio García, y el padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano.   El Ejecutivo estatal reconoció la voluntad de las dos partes involucradas para arribar a un acuerdo perdurable, en un proceso que no es fácil ni lineal, sino “es un tema de ir acordando los tiempos y las formas del regreso de las personas desplazadas”.