Anayeli García MartínezCIMAC Oaxaca, México.- La implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos (DH) y Periodistas contribuye a la seguridad de este grupo de personas, pero a largo plazo pretende ser una herramienta que ayude a romper el círculo de la impunidad. En opinión del defensor Edgar Cortez, si bien este mecanismo derivado de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aún no se instala formalmente, la sociedad civil buscará que sea un espacio diligente y sin trabas burocráticas. La ley publicada en junio pasado establece la creación de este mecanismo, el cual estará integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional, y será operado por la Secretaría de Gobernación (Segob). La Junta de Gobierno estará integrada a su vez por un representante de la Segob, de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y las secretarías de Seguridad Pública y Relaciones Exteriores. Además de los funcionarios, en la Junta Gobierno participarán cuatro representantes de la sociedad civil: la reportera Jade Ramírez, el activista Edgar Cortez, y los defensores de DH Jorge Israel Hernández y Michael Chamberlín. De acuerdo con Cortez, aún no hay fecha para que se instale la Junta de Gobierno, pero precisó que las primeras tareas serán la revisión y publicación del reglamento de la ley, aprobar los protocolos de trabajo y designar a los titulares de cada unidad. El mecanismo cuenta con una Coordinación Ejecutiva Nacional y tres dependencias: la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida; la Unidad de Evaluación de Riesgos, y la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis. La idea de esta organización  –explicó el también investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia– es que cuando llegue un caso de una persona en riesgo, la Unidad de Recepción le brinde protección inmediata en menos de tres horas. Las medidas de protección pueden ir desde garantizar la comunicación con las autoridades, un sistema de vigilancia, seguridad personal, cámaras en la oficina, arcos detectores de metal y chalecos antibalas o vehículos blindados. Si bien Cortez reconoce que todavía deben aprender de la experiencia de otros países, se prevé que con este Mecanismo de Protección se pueda garantizar la seguridad de un activista o periodista en riesgo, aún si esto implica refugio en otra entidad o en otro país. Una vez que la persona cuenta con las medidas urgentes de protección entra en función la Unidad de Evaluación, cuya tarea es hacer un estudio de la situación y de la persona, y revisar si las medidas ya implementadas deben mejorarse o cambiar. La última área es la Unidad de Prevención que debe proponer mecanismos para prevenir amenazas, monitorear las agresiones contra el gremio periodístico o los activistas, identificar patrones de amenazas y evaluar las medidas otorgadas. Sin embargo, para que este mecanismo sea una realidad primero debe quedar establecida la Junta de Gobierno y después se debe garantizar que haya recursos suficientes para que cuando una persona llegue en busca de ayuda se pueda desplegar el mecanismo. Es de precisar que para este año la Segob recibió 26 millones de pesos para el diseño y la instrumentación de un mecanismo de protección para periodistas, y 2 millones 500 mil pesos para otro que además de periodistas incluye a defensoras de DH. Cortez explicó que en la actualidad hay defensores o reporteros que son amenazados y cuando acuden a denunciar y pedir ayuda, se ven obligados a regresar sin nada porque no hay dinero para guardaespaldas o cámaras de vigilancia. Esto pese a que hay decenas de personas agredidas. De acuerdo con un reporte de Comunicación e Información de la Mujer, de 2002 a 2011, se documentaron 94 casos de violencia contra periodistas, de los cuales el 85.4 por ciento estaba ligado directamente con su ejercicio periodístico. En la misma situación de hostigamiento viven las defensoras. Incluso un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos reveló que entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, 11 defensoras fueron asesinadas. Cortez confió en que una vez superadas las diligencias de los recursos y la instalación formal de la Junta de Gobierno, se hará una evaluación sobre el trabajo de las dependencias encargadas de garantizar la vida y la seguridad personal de este grupo de la población. La finalidad –señaló– es saber cómo se han ejercido los recursos en estos rubros y contar con información suficiente y clara para que en el horizonte se fortalezca este mecanismo.