Citlali LÓPEZ/CIMAC Oaxaca, México.- La infancia de Rosalía se esfumó con la impunidad comprada en 20 mil pesos. Ella tenía 13 años cuando fue abusada sexualmente y luego vendida por sus padres al agresor pues de esa forma, dijeron, “quedaría reparado el daño”. Estela Vélez Manuel, integrante de la Red Interinstitucional contra la Violencia Sexual y Familiar de la región del Istmo de Tehuantepec, señala que ésta es una de las prácticas ilícitas que prevalece en las comunidades indígenas de Oaxaca, donde las mujeres difícilmente tienen acceso a la justicia. [caption id="attachment_186577" align="alignright" width="275"] Foto: Veronica Villalbazo[/caption] El eslabón más débil dentro de la cadena de violencia, dice, son las niñas y adolescentes indígenas, quienes son triplemente discriminadas por ser mujeres, hablar una lengua autóctona y por ser menores de edad. El problema, sostiene, radica en la falta de información en las localidades alejadas. Las mujeres desconocen sus derechos y esto convierte ilícitos en usos y costumbres aceptados por la comunidad. “En muchas comunidades cuando las niñas son violadas las casan a la fuerza aunque no sea lo correcto. Ahí empiezan a vivir la violencia”, explica. La activista, quien a través del Centro para los Derechos de la Mujer Naxwin, ha dado acompañamiento a este tipo de casos, afirma que el gran bache está en la procuración de justicia porque la lejanía de los ministerios públicos, la falta de traductores y la corrupción, inhibe la denuncia de las mujeres. Cuando la niña o adolescente se atreve a contar lo sucedido a sus padres, éstos deciden llegar a un acuerdo con el agresor. “Las mamás a veces dicen, ‘ya abusaste de mi hija, ahora paga lo que hiciste’”. Luego fijan una cantidad que va desde los 8 mil a los 20 mil pesos cuando el agresor es un integrante de la familia. Cuando la joven queda embarazada y el responsable no es un familiar cercano, además del pago obligan al casamiento. “Esto no es lo correcto, sin embargo sigue siendo aceptado”, lamenta. “DESECHABLES” Sin omitir que en Oaxaca el mayor grado de violencia contra las mujeres se refleja en el feminicidio, la activista indica que la violencia contra las mujeres inicia desde que son vistas como “mercancías” y como algo “desechable”. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad está dentro de los seis estados del país con los índices más altos de violencia sexual y física contra las mujeres, junto con el Estado de México, Tabasco, Puebla, Jalisco y Guerrero. Según los datos, el 29.2 por ciento de las oaxaqueñas de 15 años y más que están o han estado casadas o unidas, han sido objeto de vejaciones sexuales y maltrato físico, junto con violencia emocional y económica. De esa cifra, el 45 por ciento de las mujeres manifestó violencia grave y 31.2 por ciento, violencia muy grave en su contra. Silvia Pérez Yescas, representante legal de la Organización Mujeres Indígenas por Ciarena, indica que al ver inalcanzable el acceso a la justicia, las mujeres embarazadas como consecuencia de violaciones sexuales recurren a abortos inseguros. Ellas no denuncian el abuso en su contra por temor a represalias. “Viven con mucho miedo, no se atreven a denunciarlo a las autoridades y se enfrentan solas a su problema”, detalla la defensora. Alba Hernández Saavedra, partera en San Francisco Lachigoló, relata que a pesar de la cercanía del municipio con la capital del estado –30 minutos–, se mantiene la costumbre de robarse a las niñas y adolescentes para el matrimonio. Aquellas mujeres que son acosadas sexualmente por el papá, el abuelo o el tío, buscan como única salida escapar de su hogar, pero en ese camino son interceptadas por otros hombres. “Me ha tocado atender a niñas que ya tienen dos o tres hijos en contra de su voluntad. En otras ocasiones las niñas llegan a pedir algo para que les baje la regla porque quedaron embarazadas en contra de su voluntad”, expresa. Dentro del estado, el abuso sexual infantil ocupa el segundo lugar dentro de los delitos sexuales, después de la violación contra mujeres y adolescentes. El 90 por ciento de los abusos infantiles es cometido por personas conocidas, principalmente por el padre de familia, después la pareja sentimental de la madre, el abuelo, el hermano y los tíos. En 2011 la subprocuraduría de Atención a Delitos por Razón de Género recibió 586 denuncias de delitos sexuales, de las cuales 220 fueron por abuso sexual en las que 53 las víctimas fueron niñas y niños. En nueve casos el responsable del delito fue el padre; en seis, el padrastro; tres, el tío; en un caso fue el abuelo, y en 34 casos, el ex novio, vecino, amigo, profesor o niñera.