Miembros de la comunidad, quienes tomaron herramientas de campo como armas, arremetieron contra David García y Lizbeth Gomez, de TV Azteca; Iván Flores y Esteban Marcial, del diario Noticias; Jorge Luis Plata y Alberto López de El Imparcial, además de Jorge Pérez, de Tiempo de Oaxaca, a quienes les impidieron realizar su trabajo, obligándolos incluso a entregarles memorias de sus equipos fotográficos y borrar las imágenes que habían captado en el lugar.

De acuerdo con dos de los reporteros que se trasladaron a San Pablo Huixtepec, aunque varios elementos antimotines de la Policía Estatal se encontraban en el lugar para detener a los supuestos delincuentes y atajar cualquier agresión de los pobladores, ninguno de los uniformados intervino para detener los abusos en su contra.

Por su parte, en el estado de Guerrero las agresiones contra trabajadores de la prensa por parte de elementos de seguridad estatal se incrementaron en las últimas semanas. El pasado 20 de agosto, Eric Chavelas, reportero gráfico del diario El Sur, fue agredido por el jefe de seguridad del gobernador Ángel Aguirre Rivero al finalizar un acto en el municipio de Tixtla.

Cuatro días más tarde, Pedro Pardo, fotógrafo de la agencia AFP y del diario La Jornada Guerrero, fue amenazado por un elemento de la Policía Vial de Acapulco, quien le puso el cañón del rifle en las costillas, mientras cubría el asesinato de un mando de esa corporación.

ARTICLE 19 manifiesta su preocupación no sólo por la lenta o nula intervención de las autoridades para frenar las agresiones contra periodistas, sino por su responsabilidad directa en algunas de ellas, favoreciendo un entorno hostil contra los comunicadores cuando tienen la obligación de garantizar la libre expresión y el derecho a la información.

"Hacemos un llamado a las autoridades locales, a los gobiernos de Gabino Cué y Ángel Aguirre Rivero para que brinden garantías de seguridad necesarias para que periodistas puedan realizar su trabajo informativo"

Como se establece en la Declaración conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión, firmada en junio pasado por varios mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir delitos contra la libertad de expresión en situaciones específicas en que las autoridades sepan o deberían estar al tanto de la existencia de un riesgo real e inminente de que se produzcan tales delitos, y no únicamente en casos en que las personas en riesgo soliciten protección del Estado.