CENCOS Oaxaca, México.- Afectados por doce presas en siete estados de la República mexicana denunciaron las violaciones a los derechos humanos que se cometen en las distintas fases durante la imposición de esta clase de megaproyectos a comunidades rurales, campesinas e indígenas. El jurado internacional e interdisciplinario del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México comenzó a escuchar y conocer los casos en la preudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la mesa “Devastación ambiental”, en Temacapulín, Jalisco. Las denuncias de las afectaciones y violaciones a derechos humanos antes de la construcción de una presa son presentadas por afectados por las represas: Paso de la Reina en Oaxaca, La Parota en Guerrero, Las Cruces en Nayarit, El Naranjal en Veracruz y Arcediano en Jalisco; sobre violaciones perpetradas durante la construcción de una presa, el caso presentado es el de los anfitriones, afectados por la presa El Zapotillo, Jalisco; y de afectaciones por desplazamiento forzado de comunidades para dejar el territorio a presas ya construidas, se presentan los casos de La Yesca en Nayarit y Cerro de Oro en Oaxaca. Asimismo, otras comunidades presentarán sus testimonios en un foro de denuncia de las presas El Cajón, Nayarit; Picachos, Sinaloa; Zongolica, Veracruz y Los Pilares Bicentenario en Sonora. El jurado interdisciplinario, junto con el público, alrededor de 200 personas, entre afectados por presas y defensores de derechos humanos, una parte de ellos integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), vieron el video “¿Cómo destruir una comunidad de 140 años en 15 días?”, con testimonios de comunidades afectadas, activistas y movimientos que denuncian las violaciones a derechos humanos por la construcción de presas en México. Participaron en un panel con el tema “Modelo energético, presas y derechos de los pueblos en México”, los académicos: Mónica Olvera, Carlos Vainer y Rodrigo Gutiérrez, quienes expusieron algunos patrones comunes a los proyectos, los cuales se vinculan al modelo de desarrollo capitalista en que se sustentan los tratados de libre comercio firmados por el gobierno mexicano; modelo cuya mirada puramente técnica excluye la participación de comunidades y ciudadanos, produciendo violaciones a los derechos humanos. El primer caso en presentar sus denuncias, sus argumentos y la solicitud de proteger sus derechos, es el de los indígenas oaxaqueños afectados por el proyecto Paso de la Reina, quienes expusieron cómo son su territorio, sus comunidades, sus formas de organización, el proyecto los afecta, así como las acciones legales que han emprendido y lo que piden a la CFE y a los gobiernos estatal y federal, con base en las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales que defienden los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Por la tarde presentaron su caso opositores a la presa La Parota, en Guerrero. Los escucharon y les hicieron preguntas para detallar la información en algunos aspectos, los integrantes del jurado: Miloon Kothari, ex relator del derecho a la vivienda digna de la ONU y experto en la defensa de ese derecho frente a los desalojos forzados; Maude Barlow presidenta de Council of Canadians y coautora del libro clásico sobre el tema Oro azul, experta en la defensa del agua como bien común frente a la privatización; Monti Aguirre, de International Rivers, experta en los movimientos antirrepresas en América Latina; Patricia Ávila investigadora del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, especialista en los problemas del agua y la sociedad, así como en hidropolítica; Luis Daniel Vázquez especialista en derechos humanos, política y derecho, del FLACSO; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas, asesor en justicia y derechos humanos del EZLN durante los Diálogos de San Andrés; Carlos Vainer, experto en el modelo energético capitalista y en el movimiento de afectados por las presas en Brasil, el movimiento más antiguo del continente, quien, en una intervención al final del panel inicial, citó algunos principios de la Declaración de Temacapulín: “Otro modelo de manejo de energía y agua es posible”; “Aguas y energía para la vida y no para la muerte”; “Liberar a los ríos para liberar a los pueblos”. La exposición de afectados por el proyecto de presa Paso de la Reina, en Oaxaca, expresó los engaños con los que trataron cambiarles las formas de tenencia de la tierra por bienes comunales y ejidales, mediante presión para que ingresaran al Procede; cómo han violado la determinación de las comunidades, las cuales han rechazado el proyecto en su máxima instancia de autoridad, las asambleas. Cómo les han negado información, tanto la CFE como las instituciones académicas que están realizando estudios de impacto ambiental y diagnósticos económicos y antropológicos. Además de la cancelación del proyecto, exigieron en respeto a la decisión de las comunidades; a las cuales no las han escuchado, negándoles su derecho a audiencia, ni el presidente Felipe Calderón ni Gabino Cué, gobernador de Oaxaca. Entre las palabras de apertura, un representante del Concejo de Ejidos Opositores a la Presa la Parota (CECOP) expresó su solidaridad con el Comité Salvemos Temacapulín, Palmarejo y Acasico, pues, dijo, no se trata de luchas solamente locales, sino de una lucha nacional ante el mismo problema.

Las actividades continuarán el 6 de noviembre y la declaración del jurado será presentada, en ruedas de prensa, en los casos de Jalisco y Nayarit, en la ciudad de Guadalajara el 8 de noviembre y el fallo completo del jurado en la Ciudad de México el día 9, después de entregarlo ese mismo día, a las 8:30 horas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.