Oaxaca, México.- La administración federal que encabezará Enrique Peña Nieto a partir del próximo 1 de diciembre debe atender prioritariamente a las víctimas visibles e invisibles de la criminalidad que ha azotado al país en los últimos años, pues de no hacerlo el riesgo será el de no cortar, por omisión, con el ciclo de violencia que permanece latente, advirtió el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa.   Al presentar "Los indicadores de víctimas visibles e invisibles de homicidio durante la presente administración", el think tank dio a conocer que entre diciembre de 2006 y octubre de 2012 del sexenio próximo a concluir se registraron un total de 101 mil 199 denuncias de homicidio doloso; una cifra 35.7 por ciento mayor a la registrada durante la administración anterior (que ascendió a 74,586 denuncias).   Sin embargo, es importante puntualizar que una denuncia puede incluir a más de una víctima -como ocurre con las fosas clandestinas localizadas al norte del país- por lo cual el número de muertos podría ser mucho mayor.   La crisis de seguridad provocada por el grave incremento en el homicidio durante el sexenio de Felipe Calderón habría dejado, de acuerdo con estimaciones propias, 344,230 víctimas invisibles o indirectas de este delito, entre ellas huérfanas y huérfanos de padre o madre que requerirán ser atendidas por la administración entrante para que sus derechos básicos sean garantizados.   "La violencia en los últimos tiempos ha sido brutal. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, México fue el país que registró el mayor crecimiento promedio anual en homicidios intencionales de todo el mundo entre 2007 y 2010. Contar muertos se nos ha hecho costumbre. Estas muertes, sin embargo, en su abrumadora mayoría quedaron sin investigarse; un número importante de ellas ni siquiera ameritó una denuncia ante los ministerios públicos", comentó Edna Jaime, directora general de México Evalúa en conferencia de prensa en la que se hizo público el documento.   Para construir los Indicadores de Víctimas Visibles e Invisibles de Homicidio se utilizaron tres fuentes de información: el número de denuncias ante las agencias de los Ministerios Públicos locales que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las muertes por presunto homicidio que da a conocer el INEGI y la base de datos de muertes por presunta rivalidad delincuencial que construyó el Ejecutivo Federal.   A partir de este último registro, fue posible calcular el porcentaje del total de homicidios ocurridos en las entidades, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, que corresponde a los presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. Sinaloa tiene el más alto, con 85.8 por ciento del total, seguido de Tamaulipas (85.3%), Chihuahua (76.5%).   A nivel municipal, la situación es también preocupante al observar la concentración de los homicidios por presunta rivalidad delincuencial respecto a su entidad federativa. Tijuana concentró, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, 83% de los ocurridos en Baja California; Torreón, 80% de los perpetrados en Coahuila; Ciudad Juárez, 64% de aquellos en Chihuahua; en Culiacán ocurren 43% de los de Sinaloa, en Cuernavaca 34% de los ocurridos en Morelos y en Acapulco, 24% de aquellos en Guerrero.   "Contar con información de calidad sobre los perpetradores, las víctimas visibles y las invisibles de este delito es indispensable para diseñar buenas políticas públicas, tanto en materia de prevención, como de atención a quienes sufren las consecuencias de un daño imposible de resarcir", explicó Edna Jaime, quien estuvo acompañada por Héctor Larios, coordinador general del Observatorio Nacional Ciudadano; Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad de Lantia Consultores; Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro; Alejandro Martí, de México SOS; así como José Tapia y Leticia Ramírez de Alba de México Evalúa.   Los especialistas precisaron que la información con la que se cuenta actualmente sobre los victimarios y las víctimas indirectas es claramente insuficiente. Respecto a los primeros, esto se debe a la gran cantidad de homicidios que queda impune, limitando la información a la obtenida de la población en reclusión sentenciada. Con estas reservas, de acuerdo con información de 2010, la mayoría de los perpetradores son hombres (94.9%) de entre 18 y 29 años (53%) con educación básica.   En tanto que en el caso de las víctimas de homicidio es necesario destacar que entre 2007 y 2011, las tasas de victimización más altas se ubicaron en hombres de entre 25 y 34 años de edad con poca o nula escolaridad. Asimismo, se observó un aumento pronunciado en las tasas de victimización de mujeres de todas las edades, siendo el grupo más afectado el de entre 25 y 29 años con educación básica. En últimos años, la escolaridad de las víctimas de homicidio de ambos sexos fue cada vez mayor.   De acuerdo con el documento, existe un traslape entre las características de las víctimas y de los perpetradores; es decir, tienen rasgos en común. El grupo que registra en mayor medida esto son hombres de entre 25 y 29 años. La exclusión producto de la estigmatización, forma parte fundamental del ciclo de la violencia.  

"En materia de seguridad pública, el balance para el sexenio que termina es claramente negativo a nivel federal y estatal, en cuanto al municipal pueden reconocerse los avances en contención de la violencia en Tijuana y Ciudad Juárez. Sin embargo, ante el inicio de una nueva administración federal y otras a nivel local, será necesario contar con una nueva generación de políticas públicas en materia de seguridad que incluyan la prevención, así como avanzar en forma decidida en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la impartición de justicia que fue uno de los grandes rezagos de este sexenio", estableció Edna Jaime.

 El documento completo lo pueden descargar de  http://mexicoevalua.org/descargables/413537_IVVI-H.pdf