CENCOS   Oaxaca, México.- Este 22 de marzo de 2012, millones de personas en México no podrán ejercer su derecho humano al agua y al saneamiento a pesar de ser ya un derecho constitucional.   Según las datos del gobierno, aún hay 9.5 millones de personas que no tienen acceso a agua y 10.7 millones al alcantarillado.   Si a estas personas, que viven sobre todo en zonas rurales y que carecen totalmente de infraestructura, se suman los hogares que no disponen de agua dentro de su vivienda, la cifra llega a 25 millones de personas.   Además, el agua de la red, no necesariamente es apta para el consumo humano ni los datos de cobertura consideran la irregularidad en la provisión del líquido. Es claro que el acceso al agua sigue siendo una asignatura pendiente.   En México, la mayor parte de los cuerpos de agua están contaminados: sólo el 5% de los ríos tiene una calidad aceptable para cualquier tipo de uso, mientras casi el 95% tiene algún grado de contaminación, y el 29% presenta altos niveles de contaminación por sustancias químicas, residuos de medicamentos, narcóticos, heces, arsénico y otros metales pesados.     No obstante, todos los días se escuchan denuncias de violación a las normas y leyes que no son atendidas, mostrando una extrema omisión gubernamental que antepone los intereses económicos y políticos a los derechos humanos.     Casos como el del Río Santiago en Jalisco, que ha provocado pérdidas humanas, o la contaminación por arsénico en la Comarca Lagunera se repiten a lo largo y ancho del territorio. A las fuentes de contaminación tradicionales como las de la actividad petrolera, las maquilas, los corredores industriales, ahora se suma la actividad minera con severos estragos en el medio ambiente y la salud humana.   Por otro lado, la forma en que se ha procurado la extracción y distribución del agua y la lógica de solucionar problemas de abastecimiento a través de megaproyectos mediante la construcción de presas, ha probado tener grandes consecuencias negativas, tanto sociales como ambientales, ignorando la opinión de las comunidades, como es el caso del proyecto de la Presa La Parota en el estado de Guerrero.   México es el primer consumidor de agua embotellada en el mundo, lo cual se debe a que la población desconfía de la calidad del agua o, simplemente, no tiene acceso al agua potable. Anualmente en el mundo se desechan alrededor de 8 mil millones de envases de plástico, que tardan hasta 500 años en degradarse.   La paradoja de que sea la gente pobre la que termina pagando más por el agua es resultado de una política hídrica que prioriza la visión del líquido como un bien económico. Esta política atenta contra el derecho al acceso al agua que tradicionalmente han tenido indígenas y campesinos, dejando en grave estado de indefensión a estos sectores de la sociedad, traduciéndose en la práctica en despojo de manantiales, como lo hace la empresa Coca Cola en el estado de Chiapas.   Además, en un número creciente de ciudades existen procesos de privatización de los sistemas de agua y de plantas de tratamiento, cuya evaluación aún está pendiente. En este proceso es evidente que las empresas trasnacionales han sido las beneficiadas. Incluso ya empiezan a presentarse casos de incumplimiento como ocurre actualmente con la empresa “Tratamiento de Agua de Puebla” que ahora ha demandado al gobierno de ese estado sobre la base de un contrato que otorga todas las ventajas al capital privado.   En el medio urbano el abasto tampoco está garantizado, mostrando con ello que la realidad contradice los discursos oficiales sobre los beneficios de las grandes obras. Las grandes ciudades padecen ya estrés hídrico, al mismo tiempo que sufren constantes inundaciones por falta de una adecuada planeación del desarrollo. Decenas de miles de mujeres en la Ciudad de México gestionan la provisión del agua por medio de pipas o almacenando el líquido que llega tandeado durante las madrugadas. Al igual que las indígenas de los Altos de Chiapas, mujeres iztapalapenses llegan a invertir hasta 30 horas a la semana en conseguir el líquido, exacerbando las desigualdades de género. La sobre-explotación de acuíferos (que alcanza a 105 en el país) ocasiona hundimientos y grietas en el suelo, los cuales ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las personas. En el Valle de México, el crecimiento urbano, la sobreexplotación de los acuíferos y la expulsión masiva de aguas provoca el desecamiento de la cuenca, haciendo inviable el suministro de agua para la metrópoli en el mediano plazo.   Es en este contexto, y gracias a la lucha de movimientos mexicanos e internacionales en defensa del agua, que el derecho humano al agua se encuentra expresado ya en el Artículo 4º de nuestra Constitución, estableciendo que “toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”. Además establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.   Sin embargo, para que el derecho humano al agua y al saneamiento se convierta en una realidad y no corra el riesgo de convertirse en letra muerta, o en una herramienta al servicio de las empresas y de los intereses de los poderosos, el Estado mexicano está obligado a emitir una nueva Ley General de Aguas, que priorice el carácter de bien común y público del agua, que incorpore la perspectiva social, cultural y espiritual de este elemento vital para la vida, así como la visión de las comunidades campesinas e indígenas, que consideran al agua como indispensable para toda vida y, por lo tanto, como un elemento divino, insustituible y que no tiene precio.   La nueva Ley General de Aguas debe revertir y prohibir las políticas y programas que privatizan, mercantilizan y convierten el agua en un jugoso negocio para la iniciativa privada antes que en un derecho humano, además de garantizar una gestión democrática, sustentable, justa y equitativa del vital liquido.   Una verdadera gestión pública del agua requiere de vigilancia y mecanismos de contraloría social y de planeación de las políticas hídricas que fomenten la participación social y ciudadana. Por lo que demandamos se abran procesos reales de participación social y ciudadana, en donde la voz, necesidades y propuestas de los movimientos y grupos sociales del país sean incorporadas en la nueva ley, políticas y programas hídricos.   Por lo tanto. • Afirmamos que el respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua es una obligación del Estado mexicano, reconocido en los artículos 2º, 4º y 27º de la Constitución Mexicana, en diversos tratados internacionales de los que México es parte y en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y el Saneamiento. Además, el derecho al agua es condición para la realización de otros derechos humanos. • Nos pronunciamos porque sean las instancias multilaterales las que convoquen a las reuniones mundiales y no los representantes empresariales. Expresamos que las conclusiones y declaraciones que surjan del VI Foro Mundial del Agua en Marsella, Francia, no representan ni a los gobiernos ni a las organizaciones sociales y civiles de México ni del mundo. Denunciamos que el gobierno mexicano no convocó a ninguna reunión pública y no ha dado a conocer de manera formal su posición frente a este Foro. Nos sumamos a las expresiones y eventos alternativos y manifestamos nuestra solidaridad con las luchas de las organizaciones sociales y civiles francesas que se enmarquen en los principios que hemos señalado. • Convocamos a las legisladoras y legisladores a emprender un amplio proceso de consulta y discusión sobre la orientación y contenido para la formulación de una nueva Ley General de Aguas a todo lo largo y ancho del país. Asimismo deberán ser congruentes y aprobar los recursos públicos necesarios para reducir el número de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso al agua. • Exigimos a las instituciones responsables de diseñar y ejecutar las políticas públicas, a revisar sus programas y reorientarlos con el fin de iniciar un proceso de transformación del modelo de gestión del agua que coloque en el centro a la ciudadanía y sus derechos reconocidos claramente por la reciente reforma al artículo 4º Constitucional. • Demandamos justicia y equidad en la distribución y acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad para todas y todos, garantizando el manejo sustentable. • Exigimos detener y revertir los procesos de privatización de los servicios de agua, los cortes y las altas tarifas, situaciones todas que se traducen en violaciones al derecho humano al agua.