Oaxaca, México.- Por primera vez, el Estado mexicano deberá responder por un caso particular ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.   La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDHN) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), presentaron el día 15 de marzo de 2012 en la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, la primera comunicación de un caso particular contra el Estado mexicano ante el Comité Contra la Tortura.   En dicha comunicación se denuncian graves hechos de tortura, detención ilegal, fabricación de pruebas, tortura bajo arraigo en instalaciones militares, incomunicación y violaciones al debido proceso en contra de Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vásquez en hechos sucedidos desde junio de 2009 al día de hoy en Baja California, cometidas por elementos del Ejército Mexicano y autoridades de la Procuraduría General de la República.   Los familiares de estas personas inocentes llevan dos años tratando de demostrar la inocencia de sus seres queridos ante las violaciones al debido proceso y la tortura a la que fueron sometidos por autoridades judiciales y elementos del Ejército.   “Las organizaciones que presentamos la comunicación ante el Comité Contra la Tortura, consideramos que nos encontramos en un momento oportuno para activar este mecanismo, dado el contexto de incremento de violaciones a los derechos humanos, entre ellas la tortura y otros malos tratos, que ha sucedido por efectos de la política de seguridad adoptada por la presente administración federal”, sostuvo Octavio Amezcua Noriega, director de Defensa de la CMDPDH.   "Creemos que la presentación de este caso significa una oportunidad inédita de lograr que las Naciones Unidas emitan una decisión dirigida al Estado mexicano para que las víctimas obtengan justicia, y se establezca un precedente importante sobre la prohibición absoluta de la tortura, la ilegitimidad del arraigo y las violaciones cometidas por el ejército en México", señaló Andrea Meraz, abogada de la OMCT.   “Consideramos pertinente que se comiencen a tramitar casos ante los órganos de las Naciones Unidas, a fin de ampliar de forma significativa los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos en México”, agregó Amezcua Noriega.   En 1986 México ratificó la Convención Contra la Tortura y en 2002 reconoció la competencia del Comité Contra la Tortura para recibir y considerar comunicaciones de parte de personas que aleguen haber sido víctimas de violaciones a sus derechos reconocidos en la Convención. Sin embargo, ya sea por desconocimiento o por preferencia hacia otros mecanismos internacionales, dicho procedimiento no había sido accionado hasta el día de hoy en México.