Ciudadania Express
Jueves 15 de marzo, 2012. 10:03 am

Recomiendan implementar protección para defensores y periodistas

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CENCOS   Oaxaca, México.- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas presentó el Informe de Misión a México en el cual identifica a las personas defensoras de DDHH y a periodistas como grupos en situación de vulnerabilidad respecto a esta violación grave a los derechos humanos.   Por ello, emitió dos recomendaciones al Estado mexicano pidiendo la implementación de  mecanismos de protección:   "111. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar condiciones de seguridad para defensores de los derechos humanos, incluyendo a quienes combaten las desapariciones forzadas de personas y defienden los derechos de las víctimas.   Se debe garantizar que el Mecanismo Nacional de Protección a defensores de derechos humanos cuente con facultades de prevención, protección e investigación; tenga competencia federal; cuente con suficientes recursos así como con independencia.   Se debe garantizar también la plena participación de las organizaciones de derechos humanos en el diseño, implementación y monitoreo de este mecanismo nacional.   "112. El Grupo de Trabajo recomienda establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas, implementado por funcionarios de alto nivel, y un comité interinstitucional, dirigido por una autoridad federal, con capacidad de coordinar a diferentes autoridades e instancias gubernamentales, con recursos propios y suficientes, y que garantice la participación de los periodistas así como de la sociedad civil en su diseño, operación y evaluación".   Estas recomendaciones se dan en un contexto de reformas legislativas. Por un lado el día martes 13 de marzo se aprobó la reforma al artículo 73 constitucional que federaliza las agresiones contra trabajadores de los medios, y el día de mañana, jueves 15, será presentada ante el pleno la Iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual da permanencia a los recientemente creados mecanismos de protección que actualmente dependen de las decisiones en el poder Ejecutivo.
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