Guadalupe CRUZ J./CIMAC   Oaxaca, México.- Las trabajadoras del hogar en México y Guatemala, al igual que en el resto de América Latina (AL), continúan la pelea por el reconocimiento de sus derechos laborales ante la explotación salarial, exclusión y discriminación de la que son víctimas.   Hoy 30 de marzo se conmemora el Día de las Trabajadoras del Hogar, por lo que la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho) arrancó una campaña a favor de que los gobiernos de la región ratifiquen el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen los derechos de estas empleadas.   La campaña lleva el lema “Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar”, y aboga porque los gobiernos reformen sus leyes e implementen políticas públicas que garanticen las demandas de este sector.   Marcelina Bautista, quien fue trabajadora del hogar durante 22 años y ahora es directora del Centro de Apoyo y Capacitación de las Empleadas del Hogar, advierte que en México el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) es discriminatorio, ya que no especifica derechos de este sector, tales como salario justo, descanso en días feriados, aguinaldo, entre otros.   La también secretaria general de la Conlactraho denuncia que en nuestro país, como en la mayoría de los de la región latinoamericana, las autoridades se niegan a reconocer los derechos de las empleadas.   Recuerda que en la Cámara de Diputados hay cuatro iniciativas para reformar la LFT en ese sentido, pero han sido ignoradas por las y los legisladores.   DEJAR DE SER INVISIBLES   En dos décadas de ardua lucha, las trabajadoras del hogar de AL lograron visibilizar las condiciones de explotación en las que son empleadas, pero el reto ahora es frenar las violaciones a sus derechos laborales.   En 1988 en Bogotá, Colombia, empleadas organizadas de 11 países instauraron el 30 de marzo como el Día de las Trabajadoras del Hogar, como una fecha emblemática por el reconocimiento de sus garantías.   En México hay 2.1 millones de personas dedicadas a esta actividad, de las cuales 91 por ciento son mujeres.   Muestra del deterioro de sus condiciones laborales es que 79 por ciento de ellas percibe un ingreso de apenas dos salarios mínimos (alrededor de 120 pesos al día); sólo 6 por ciento cuenta con seguridad social; 6.8 recibe aguinaldo; 5.2 tiene vacaciones; 2.1 por ciento tiene acceso a servicio médico privado, y 1.2 por ciento cuenta con un crédito de vivienda.   UNA VIDA DE LUCHA   A los 13 años de edad, Lorenza Gutiérrez (hoy de 36) salió de su comunidad en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Viajó a la Ciudad de México con la intención de estudiar la secundaria, pero su sueño se truncó por dificultades económicas y tuvo que empezar a “trabajar en casas”.   La indígena mixe obtuvo su primer empleo con una familia originaria de su estado, donde le pagaban 80 pesos al mes por cuidar a tres niñas y hacer el aseo. Ahí aprendió a hablar un poco de español que le permitiría comunicarse en sus siguientes trabajos.   Durante sus primeros 10 años en la capital, la trabajadora del hogar laboró en más de 20 casas, donde sufrió diversas violaciones a sus derechos laborales y humanos: jornadas de trabajo excesivas, bajos salarios, maltrato y discriminación.   “Tuve que aceptar dormir en el cuarto de lavado, comer alimentos de varios días, y dejar de hablar en mi lengua frente a las empleadoras porque creían que hablaba mal de ellas”, recuerda Lorenza.   En 1998 la trabajadora comenzó a reunirse con otras mujeres indígenas que compartían su ocupación, para reflexionar acerca de sus condiciones laborales. “Me di cuenta que no era la única que vivía en esa exclusión, y que incluso había quienes la habían pasado peor que yo”, relata.   Hoy, Lorenza Gutiérrez trabaja “de entrada por salida” dos días a la semana, cuida de sus hijos, y es la coordinadora de proyectos del Colectivo de Mujeres Indígenas Trabajadoras del Hogar (Colmith). Cuenta satisfecha que con su organización logró “perder el miedo” a negociar sus condiciones laborales porque “hacemos un trabajo que vale”, destaca.   GUATEMALA: MALTRATO COTIDIANO   Mildred Díaz, representante de la asociación Trabajadoras de Casa Particular, en Guatemala, también experimentó un cambio luego de conocer sus derechos y atreverse a exigirlos.   La centroamericana comenzó a laborar a los siete años de edad sin recibir remuneración alguna. “Lavaba trastes, barría, hacía mandados, pero hasta ahora sé que eso era un trabajo”.   Al cumplir 18 años, la originaria de la localidad de Coatepec migró a Ciudad de Guatemala con el propósito de seguir estudiando, pero al igual que Lorenza Gutiérrez en México su ilusión se desvaneció al poco tiempo: “Las condiciones de vida para una trabajadora del hogar lejos de su familia no son lo que uno sueña”.   Con la primaria trunca, Mildred no tuvo más alternativa que emplearse en una casa. En su primer trabajo sufrió dos intentos de violación por parte de los hijos de sus empleadores, y renunció sin que le pagaran por las tareas que realizó durante un mes.   Como en México, las trabajadoras del hogar guatemaltecas comparten intensas jornadas de trabajo (más de 12 horas), bajos salarios, falta de seguridad social, son obligadas a comer alimentos en mal estado y a vivir en habitaciones en condiciones indignas.   Su desempeño laboral es aún más duro cuando laboran en las provincias, donde por 600 quetzales al mes (997 pesos mexicanos) deben acarrear agua, cocer maíz, hacer tortillas y lavar en los ríos. Ellas ganan en promedio menos de la mitad del salario mínimo en el país vecino, que asciende a 2 mil quetzales al mes (3 mil 324 pesos mexicanos).   En Guatemala hay 163 mil trabajadoras del hogar, la mayoría proviene del campo y labora en la capital. Ellas, como las cerca de 2 millones de mexicanas ocupadas en esta labor, están expuestas cotidianamente a los gritos y maltratos de sus empleadores.   Díaz apunta que la discriminación se acentúa cuando las trabajadoras deciden ser madres: “Cuando nació mi hija la patrona me disminuyó el salario de mil a 500 quetzales (de mil 662 a 831 pesos mexicanos), diciéndome que ya no iba a atender su casa como antes”.   En medio de la adversidad, la guatemalteca, organizada desde hace nueve años, está decidida a salir adelante para construir un futuro mejor para su hija: “Quiero que estudie, que no sea trabajadora del hogar y pase lo mismo que yo”.   Su compromiso y el de otras trabajadoras del hogar organizadas en su país se han traducido en la presentación de tres iniciativas de ley y dos reformas al Código de Trabajo, con las cuales pretenden regular esta actividad.   También han demandado a la Corte de Constitucionalidad la derogación de los artículos 164 y 165 de la Constitución de Guatemala, por estipular que las trabajadoras del hogar no tienen derecho a horarios de descanso, y que si son incapacitadas para trabajar por enfermedad por más de ocho días, pueden ser despedidas sin indemnización.   Al igual que en México, sus peticiones han sido ignoradas por las autoridades centroamericanas, y a la fecha no cuentan con un marco jurídico que proteja sus Derechos Humanos y laborales.