Oaxaca, México.- El pleno de la LXI Legislatura del Estado aprobó una iniciativa con punto de acuerdo presentada por el diputado perredista Francisco Martínez Nerí para exhortar al Gobierno del Estado a modificar las cuotas que se cobran por prestación de servicios en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, establecidas en la Ley Estatal de Derechos, así como otorgar beneficios fiscales a los afectados por el huracán Carlotta. La propuesta la hizo en la sesión ordinaria efectuada este miércoles 20 de junio de 2012, y en su exposición de motivos resaltó la inconformidad manifestada por diversos sectores de la sociedad por las altas cuotas que han venido cobrando a los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. El legislador Martínez Neri considera necesario que el titular del Ejecutivo del Estado modifique las cuotas, con base en las facultades que le confiere el Artículo 38 BIS del Código Fiscal del Estado de Oaxaca, a fin de no afectar la situación económica de los oaxaqueños al realizar trámites de enajenación de inmuebles, tales como inscripciones, consultas, certificaciones y búsquedas, entre otros. Dicha Ley fue aprobada por el Congreso estatal el 20 de diciembre del año pasado (2911), en la que se establecen las contribuciones a cargo de las personas físicas y morales por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público y organismos descentralizados. En la misma iniciativa, el Diputado perredista solicita al gobernador Gabino Cué Monteagudo otorgar beneficios fiscales a los afectados por el huracán “Carlotta”, que  mermó la actividad económica de cientos de personas que contribuyen con sus impuestos al Estado.

Martínez Neri fundó su petición en el Artículo 38 BIS del Código Fiscal del Estado de Oaxaca, que faculta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a “eximir total o parcialmente del pago de contribuciones y sus accesorios, autorizando su pago a plazo diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación económica de algún lugar o región  del Estado, así como en caso de catástrofes sufridas, tales como fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias”.

La iniciativa con punto de acuerdo fue aprobada de “urgente y obvia resolución” por la totalidad de los legisladores presentes en la sesión de este miércoles.