Guadalupe Cruz Jaimes Oaxaca, México.- Al igual que en una localidad marginada de Oaxaca, en comunidades indígenas asentadas en esta capital se da también la venta de niñas y adolescentes para matrimonios forzosos, sin que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) intervenga para evitar la violación de los derechos sexuales y reproductivos de estas menores de edad. La activista Albania González, quien lleva cinco años trabajando con población indígena que vive en esta ciudad, puso como ejemplo que en las comunidades triquis establecidas en la delegación Cuauhtémoc “sigue la venta de niñas con fines matrimoniales”. González, integrante de Consultoría de Estrategias para la Igualdad Social (Conesis), añadió que la situación es preocupante, pues cuando las menores de edad son vendidas “quedan expuestas a violencia, infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planeados en la adolescencia”. La psicoanalista dijo a Cimacnoticias que en el DF el intercambio es similar al que ocurre en comunidades indígenas de zonas rurales de Oaxaca y Guerrero, donde sigue vigente pagar “en dinero o en especie” por las niñas. Aunque también “las casan con alguien de nivel socioeconómico más alto, para subir de nivel, pues el esposo está obligado a apoyar a la familia de su esposa”. También hay mujeres triquis que residen en la capital que “fueron vendidas en sus pueblos y llegaron aquí con sus familias”; ellas se ocupan de sus hijas e hijos mientras venden artesanías en las calles, detalló Albania González. La activista aclaró que los casos de venta de niñas y adolescentes para matrimonios forzosos “son pocos” a comparación de los registrados en sus comunidades de origen. Sin embargo apuntó que la problemática persiste sin la intervención del GDF. Muestra de ello es que las campañas informativas que promueven el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes “están enfocadas en la población adolescente que habla español, por lo que el mensaje no les llega a las que hablan una lengua indígena”. “No hay una campaña específica para ellas y sus familias, a pesar de su vulnerabilidad no tienen información. Éste es un grave vacío”, aseveró. Lo mismo ocurre cuando las adolescentes acuden a los servicios de salud, ya que el primer obstáculo es su lengua: “Pocas veces se encuentra un hablante de lengua indígena en un centro de salud”. La falta de atención y promoción de los derechos sexuales y reproductivos también ocurre en estados donde la población indígena es mayor a la que habita en el DF, como en la región triqui de Oaxaca, denunció la activista Catalina Martínez. La integrante del área de Salud de la organización Kinal Antzetik-DF indicó a Cimacnoticias que en estas localidades hay centros de salud donde el tema “no se toca”, por lo que ante el desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos “las mujeres no tienen herramientas para decidir, no son libres y continúan siendo vendidas”. Su comunidad, llamada Santo Domingo del Estado, en el municipio oaxaqueño de Putla Villa de Guerrero, es un ejemplo, mencionó la indígena triqui. Martínez relató que su madre y su tía fueron vendidas por su abuelo. “Mi mamá estaba en la primaria, tenía como 10 u 11 años de edad, y a los 14 años tuvo a su primer hijo”. A cambio de la niña el padre recibió dinero, una comida tradicional, refrescos, cerveza y aguardiente. A la tía de Catalina la vendieron a los 18 años, pero escapó a otro pueblo porque no quiso estar con el hombre que pagó por ella. Su padre (quien ya había recibido la “dote”) fue encarcelado cuatro días, “como un castigo por lo que hizo su hija”, narró la activista. A la fecha, la venta de niñas y adolescentes persiste. “Cuando el compromiso es formal les dan 40 mil pesos, 20 cartones de cerveza, refrescos y aguardiente”, abundó. “Allá no existe el noviazgo, se las llevan a la fuerza. Y si la joven no sangra en las relaciones sexuales, dicen que no son vírgenes y las regresan a sus casas, algunas vuelven embarazadas, pero no pueden hacer nada”, explicó Catalina Martínez. Para revertir la violación a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes indígenas, la integrante de Kinal Antzetik-DF concluyó que es necesaria la coordinación entre las distintas instituciones gubernamentales y su compromiso para garantizarles el acceso a estas garantías.