ONG´S exigen a Gabino Cué esclarecer asesinato de Bernadro Vásquez

De la Redacción Oaxaca, México.- El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, demandó al gobierno federal y estatal, el esclarecimiento del asesinato del activista social Bernardo Vásquez Sánchez, quien fue embocado por un comando armado, la noche del jueves 15 de marzo  en San José del Progreso, y en donde resultaron heridos su hermano Andrés Vásquez Sánchez y Rosalinda Canseco. [caption id="attachment_157260" align="alignright" width="300" caption="El activista Bernardo Vásquez Sánchez, en una de sus denuncia contra las mineras en San José del Progreso"][/caption] En el comunicado a la opinión pública, las organizaciones firmantes idnicaron que recibieron  información de pobladores del municipio de San José del Progreso y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO),  sobre la embocada contra los activistas en el crucero de Santa Lucía, Ocotlán, cuando se trasladaban a bordo de un automóvil tipo Tsuru, marca Nissan de color rojo. De acuerdo con la información recibida,  Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán falleció debido a las heridas provocadas por los impactos de bala. Antecedentes: Bernardo Vásquez Sánchez y la CPUVO habían alertado a las autoridades estatales y federales desde 2008 sobre posibles enfrentamientos en la comunidad de San José del Progreso, debido a la entrada de la empresa minera Cuzcatlán S.A de C.V. filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ya que inició sus operaciones sin el consentimiento de la comunidad. En repetidas ocasiones los miembros de la CPUVO  denunciaron  que la empresa minera estaba financiando a grupos armados  en la comunidad con el aval  del presidente municipal de San José del Progreso (Alberto Mauro Sánchez). Las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas denuncias, al grado de afirmar que el grupo inconforme solamente buscaba desestabilizar a la comunidad, cuando era todo lo contrario. El 18 de Enero de 2012, fue asesinado el C. Bernardo Méndez Vásquez por orden del presidente municipal de San José del Progreso Alberto Mauro Sánchez, en esta emboscada resultó herida de gravedad  la C. Abigaíl Vásquez Sánchez. Las autoridades estatales nuevamente no se involucraron, por el contrario brindaron su apoyo a los presuntos homicidas criminalizando  nuevamente a los integrantes de la CPUVO. Ante estos hechos denunciamos: Repudiamos la actitud pasiva e indolente del gobierno estatal ante el conflicto social y político de San José del Progreso. Hasta el momento no hay castigo para los responsables de la muerte del compañero Bernardo Méndez Vásquez, asesinado el día 18 de enero de 2012. Exigimos a las autoridades estatales y federales justicia y castigo para  los responsables de la muerte de Bernardo Vásquez Sánchez, Asesinado el día 15 de Marzo de 2012. Denunciamos nuevamente que la empresa minera Cuzcatlán cuenta con grupos armados al interior de la comunidad  y tiene todo el respaldo de las autoridades municipales y  estatales. Responsabilizamos al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez y a la empresa minera Cuzcatlán por los cobardes asesinatos  de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez. Exigimos nuevamente se respete  la demanda principal  de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), concerniente a la salida inmediata de la empresa minera, ya que es, a raíz de su entrada y por sus actos de corrupción que se han generado  diversos enfrentamientos en la comunidad, terminando lamentablemente con la vida de 2 defensores de derechos humanos. Exigimos justicia: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios Servicios del Pueblo Mixe, Ser Mixe A.C. Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C. Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, BARCA A.C. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín  Pro Juárez, Centro Prodh A.C. Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, UNOSJO S.C.   Bernardo Vásquez Sánches, ultimado en los lamentables hechos de esta noche, era uno de los dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán quienes desde 2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver INC. Dicho proyecto minero se lleva a cabo en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas. Este terrible hecho violento es el segundo acto de este año en contra los defensores ambientales de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán.   El pasado 18 de enero de 2012 el presidente municipal –ahora prófugo de la justicia- Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad que en ese momento solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo. Pozo que se pretende excavar sin el consentimiento de la población en vistas a explotar el recurso hídrico del subsuelo de esta localidad, para con ello abastecer las instalaciones de la empresa trasnacional, ocasionando la muerte del ciudadano Bernardo Méndez Vásquez, así como heridas graves en la ciudadana Abigaíl Vásquez Sánchez. Historia de denuncias: A lo anterior habría que recordar que el presidente municipal de esta comunidad ya cuenta con una denuncia ante la PGR por la portación y uso de este tipo de armas de alto poder, en otros conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones. Sin embargo hoy es el día en que este se mantiene libre e impunemente “gobernando” el municipio de San José del Progreso. El conflicto en San José del Progreso no es nuevo. El día 14 de Marzo de 2009, los ciudadanos de este municipio, en ejercicio del derecho universal a la libre autodeterminación y como dueños ancestrales de sus tierras, tomaron la decisión de cerrar las instalaciones mineras, manteniéndolas así por más de 2 meses sin que las autoridades municipal, estatal y federal atendieran su inconformidad, como consta en las diversas publicaciones periodísticas oaxaqueñas del momento.   Posteriormente, el 19 de junio de 2010, la población de distintas comunidades del municipio de San José (El Cuajilote, Maguey Largo) y de otros municipios —que también se oponen a la operación de la Minera Cuzcatlán—, como Magdalena Ocotlán, participaron en el bloqueo de un camino local que pretendía utilizar la minera para sus obras, lo que ocasionó la llegada de un grupo de pistoleros que comenzaron a disparar contra los opositores a la mina. En la agresión resultaron muertos el presidente municipal de San José del Progreso (Óscar Venancio Martínez Rivera) y uno de los regidores del municipio, al tiempo que fue secuestrado, golpeado y amenazado el párroco de la comunidad de San José, quien se había previamente pronunciado a favor de las demandas de la comunidad exigiendo la salida de la minera. Asimismo, los pobladores de San José del Progreso y las comunidades afectadas han denunciado en innumerables ocasiones la presencia de un grupo armado violento (la “Asociación Civil San José Defendiendo sus Derechos”), que actúa al servicio de la empresa minera y bajo la protección de las autoridades municipales. Se acusa a esta “asociación civil” de intimidar, golpear y amenazar a los pobladores de las comunidades que exigen el cierre de la mina.     Los opositores al proyecto minero exigen, desde hace más de dos años, que las autoridades federales, estatales y municipales hagan pública la información correspondiente a los permisos, convenios firmados y contratos entre las autoridades de todos los niveles y la empresa minera, sin que haya habido respuesta a sus reclamos de transparencia. También denuncian que en ningún momento hubo consulta pública alguna sobre el proyecto y la empresa Minera Cuzcatlán se ha negado en todo momento a transparentar sus operaciones ante las comunidades. La complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno con la Minera Cuzcatlán se hacen más evidentes cuando en reiteradas ocasiones se les informó e hizo llegar las evidencias fotográficas y filmaciones de las agresiones cometidas en diversos momentos, tanto por la llamada asociación civil San José Defendiendo Nuestros Derechos (creada y financiada por la minera) presidida por Servando German Arango, así como por las mismas autoridades municipales y de los cuerpos policiacos de la policía estatal y federal en contra de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) por lo que denunciamos que el objetivo principal de la empresa minera ha sido la obtención de excesivas ganancias económicas por encima de la vida y la tranquilidad de nuestro pueblo. A manera de ejemplo, citamos cuatro de los principales conflictos suscitados en nuestra comunidad: Desalojo 6 de Mayo 2009. Artemio Lidio Muñoz Vásquez, miembro de la Asociación civil San José Defendiendo Nuestros Derechos, 5 de Abril 2010. Amador Vásquez Gómez, Sindico Municipal de San José del progreso, 6 de Marzo 2011. Albindo Gómez Rodríguez, Policía Municipal y demás elementos de la policía municipal y uno de los actores directos de la muerte de Bernardo Méndez Vásquez, 18 de Enero del 2012. En este contexto nos resultan aberrantes los reportes sobre el beneficio económico de la empresa, quien ha comunicado recientemente que los costos de producción de una onza de plata en la mina “San José” es de 7.40 dólares; Según la bolsa de Valores, el precio actual de compra de una onza de plata es de 32.20 dólares, por lo tanto la empresa minera Cuzcatlán obtendría una ganancia de 24.80 dólares por cada onza de plata que produce. Según estimaciones de la empresa, la “mina” estaría produciendo anualmente cinco millones de Onzas de plata, lo cual se traduciría en 124 millones de dólares de ganancias anualmente. Queremos manifestar que estas ganancias excesivas no se han traducido en mejores condiciones de vida para el municipio de San José del Progreso. Por el contrario, se encuentra amenazado el principal recurso natural con el que contamos: el agua y se ha provocado un conflicto social que, a la luz de los últimos acontecimientos, tiende a agravarse. Para San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuzcatlán, ya que los agravios cometidos a la población son amparados por las autoridades municipales y estatales de Oaxaca. También es demostrable técnicamente el consumo excesivo de agua que requieren este tipo de proyectos, y es lógico que la empresa busque a como de lugar el abastecimiento requerido. Este es un hecho y en este caso el fondo del asunto, la diferencia de intereses y conceptos, mientras que para los habitantes de la zona el agua significa la vida y la preservación de las especies, para la empresa y sus incondicionales, el agua significa ganancias monetarias privadas.

Este conflicto es sólo una muestra del futuro que nos espera.

En Oaxaca existen varias docenas de proyectos mineros similares al de San José del Progreso. Conforme llegan a la etapa de explotación, por necesidad se genera un nuevo conflicto socio-ambiental y político, contaminación y agotamiento de las diversas fuentes hídricas superficiales y subterráneas, incremento en actos de represión de los defensores ambientales, que como fue el caso que nos ocupa, defienden los derechos colectivos, de toda la sociedad como es el derecho inalienable al agua.