Oaxaca, México.- La presidenta de la Casa de los Derechos de Periodistas, Judith Calderón Gómez, demandó este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar de inmediato las acciones pertinentes para proteger la seguridad física del periodista Jesús Hiram Moreno, amenazado de muerte en el estado de Oaxaca por informar sobre un presunto fraude con recursos federales.
Mediante un comunicado, pidió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, instancia de la PGR, realizar las averiguaciones que procedan para esclarecer el origen y motivación de las amenazas contra el periodista, identificar a las personas responsables, e iniciar los procesos pertinentes para su castigo conforme a derecho.
Recordó que el martes pasado, el corresponsal del diario La Jornada y director del semanario Evidencias en el Istmo de Tehuantepec denunció haber recibido amenazas de muerte por publicar información sobre un presunto fraude con combustible que implicaría a un dirigente local de pescadores –a quien atribuye las amenazas–, así como a funcionarios de Pemex y del gobierno estatal.
“Es de destacarse que desde septiembre pasado Jesús Hiram Moreno denunció ante la PGR las amenazas que recibió”, pero “la inacción de esta dependencia federal permitió que nuevamente este domingo 14 el comunicador recibiera intimidaciones relacionadas con el mismo caso y las mismas personas”, dijo la defensora de periodistas.
Por ello, exigió a la Fiscalía Especial determinar por qué motivos la denuncia inicial de Moreno no fue tomada en cuenta para dictar medidas de protección, identificar a quien o quienes sean responsables de esa omisión y sancionarles como proceda.
Además, agregó, la PGR debe explicar públicamente a qué se debió la desatención a esa denuncia y qué medidas tomará para garantizar que no se repita un caso similar.
En el documento distribuido este jueves, Calderón Gómez también pidió a la Fiscalía Especial conocer sobre las investigaciones relacionadas con el asesinato del periodista Ramón Abel López Aguilar, de Tijuana, y verificar si las conclusiones del gobierno estatal, que deslindan el crimen del quehacer periodístico de la víctima, devienen de procesos confiables.
Recordó que este lunes, el director del sitio noticioso Tijuana Informativo fue asesinado en esa ciudad de Baja California; inicialmente hubo contradicciones entre distintas corporaciones policiacas, y llamó la atención a que la Procuraduría estatal descartó que el homicidio tuviera relación con el ejercicio periodístico de la víctima apenas unas horas después de cometido el delito.
Por ello, demandó revisar la actuación de la instancia estatal e investigar lo necesario para definir si se trató de un crimen contra la libertad de expresión o el derecho a la información.
Subrayó que estos dos agravios contra periodistas “emplazan al gobierno federal mexicano a mostrar de manera clara la medida de su compromiso con la defensa de los derechos de las personas dedicadas a la comunicación”.
Recordó que a partir de una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio pasado, el artículo 73 de la Constitución mexicana prevé que las autoridades federales podrán conocer de delitos del fuero común, cuando afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
La Casa de los Derechos de Periodistas es una asociación civil mexicana fundada en 2010 para prestar apoyo, asesoría, acompañamiento y otras acciones necesarias para proteger la integridad y los derechos de las y los periodistas, cuando se encuentren en riesgo por el ejercicio de su profesión.
