Oaxaca, México.- Representantes de organismos civiles de Oaxaca y de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon el acceso al consulado de Canadá en la ciudad de Oaxaca, en protesta por el homicidio del líder del poblado de San José del Progreso, Bernardo Vásquez Sánchez, quien encabezaba un grupo de pobladores que se oponen a la operación de la Mina Cuxcatlán, de capital canadiense.
Los inconformes responsabilizan del asesinato de Vásquez Sánchez, ocurrido el pasado 15 de marzo a directivos de la mina y a las autoridades municipales de San José del Progreso, quienes apoyan el proyecto minero.
Activistas de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), así como Flor y Canto, entre otros manifestantes, demandan también la cancelación de funciones de la minera Cuzcatlán, filial de la trasnacional Fortuna Silver.
De acuerdo con los inconformes, esta empresa, desde su llegada a la población, ha traído múltiples conflictos, como la división de la comunidad, y el asesinato de los activistas Bernardo Vásquez Sánchez y su tío Bernardo Méndez Vásquez.
Por su parte, el diputado local Flavio Sosa Villavicencio, solicitó al gobierno federal revocar las concesiones y permisos con los que opera la empresa minera Cuzcatlán en San José del Progreso, "dado que su fueron otorgadas de manera ilegal".
Lo anterior lo dijo en la tribuna del Congreso local, luego de argumentar que para otorgar la concesión no existió consulta alguna a las comunidades de San José del Progreso ni hubo consentimiento informado del pueblo indígena para el aprovechamiento minero.
Explicó que, por ello, la concesión fue otorgada de manera ilegal y en contravención de lo dispuesto por los artículos séptimo y decimoquinto del Convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales.
"Dado que se trata de un otorgamiento ilegal, el gobierno federal está obligado a revocarlo", señaló en la tribuna del Congreso del Estado, y advirtió que "no hacerlo de inmediato solamente retrasará algo que, finalmente, sucederá por mandato de tribunales internacionales".
Detalló que el artículo séptimo del Convenio 169 establece el derecho de los pueblos indígenas para decidir sus propias prioridades en lo que atañe al desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera.
La Procuraduría General de Justicia del estado, detuvo en la víspera a un presunto implicado en el homicidio de Vásquez Sánchez, a quien puso a disposición de un juez penal, quien lo requirió y encarceló en la Penitenciaría de Santa María Ixcotel para definir su situación jurídica.
