Exigen cárcel para quienes atenten contra el derecho a decidir

Cirenia CELESTINO O./CIMAC   Oaxaca, México.- Integrantes del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, organización civil con presencia en 17 entidades federativas, se pronunciaron por la despenalización del aborto en todo el país y el enjuiciamiento de quienes atenten contra el derecho a decidir de las mexicanas.   Así lo concluyeron más de 100 mujeres reunidas el pasado fin de semana en esta ciudad, para definir estrategias a favor de los Derechos Humanos (DH) de la población femenina en los 17 estados del país donde desde 2008 se reformaron las constituciones locales, para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”.   Las activistas, pertenecientes a diversas organizaciones civiles, denunciaron que la alianza entre el Estado y la Iglesia católica atenta contra los derechos de las mexicanas, y exigieron la liberación de las mujeres presas por aborto, así como el respeto irrestricto al Estado laico.   Bajo el lema “¡Ni cárcel, ni muerte a las mujeres por abortar!”, las integrantes del Pacto analizaron la situación de discriminación y violencia que padecen las habitantes de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.   Las mujeres organizadas convocaron a denunciar a médicos, policías, ministerios públicos, funcionarios y diputados que atenten contra el derecho a decidir de las mujeres, y que voten o hayan votado por la criminalización y penalización del aborto.   Mónica Jasis, directora del Centro Mujeres de La Paz, Baja California Sur, señaló que el Pacto es una fortaleza ante “la embestida” de la Iglesia que pone en riesgo la existencia del Estado laico y el ejercicio de los DH de las mujeres. Las activistas criticaron la aprobación en comisiones del Senado de la reforma al artículo 24 de la Constitución, para tratar de aumentar los privilegios de la Iglesia y su injerencia en las decisiones públicas.   En su declaración final, el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres acusó que la cárcel y la clandestinidad “son profundamente injustas, inmorales y anticonstitucionales”, al referirse a la penalización del derecho al aborto en 17 entidades.   Lourdes Enríquez, del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM e integrante de la Comisión Jurídica del Pacto, señaló que es importante lograr un registro preciso del número y condiciones de las mujeres procesadas por aborto o por homicidio en razón de parentesco, a fin de defenderlas jurídicamente.   Sandra Peniche, de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva de Mérida, Yucatán, dijo que en 2011 dos mujeres fueron procesadas por aborto, pero siguieron sus procesos en libertad.   Juliana Quintanilla, del Centro Independiente de Derechos Humanos de Cuernavaca, Morelos, apuntó que la reunión del Pacto fortalece a las mujeres individualmente, pero también a su entidad y al movimiento.