ONG´S rechazan pacto de gobernabilidad por tración de Cué a compromisos democráticios

  Si bien es cierto que mediante la elección de este gobierno de alternancia el pueblo de Oaxaca logró que una mafia criminal abandonara el gobierno, también es verdad que el nuevo gobierno del estado no tiene la fuerza necesaria para lograr un cambio profundo en la sociedad oaxaqueña.   El escenario estatal es la concreción de los proyectos neoliberales en suelo oaxaqueño, como por ejemplo los megaproyectos eólicos del istmo de Tehuantepec o la presa hidroeléctrica “Paso de la Reyna” en la Costa. Al mismo tiempo aumentan en muchas regiones el abierto robo de las aguas de ríos, arroyos y manantiales de parte de empresas particulares, la tala ilegal de miles de hectáreas de bosques y la entrada de maíz transgénico a nuestro estado que abre las puertas a las trasnacionales de la biopiratería.     Los más afectados de las políticas neoliberales son los Pueblos Indígenas, que representan la mayoría de la población de este estado y no una minoría vulnerable, se socavan constantemente los usos y costumbres y la autonomía asamblearia.   En este contexto han sido ejecutados más de 30 luchadores sociales, y otros más son perseguidos por luchar por los derechos de sus pueblos, comunidades que viven en confrontación por la falta de solución a los conflictos agrarios, pueblos que se enfrentan a los megaproyectos impuestos por las transnacionales en complacencia de los gobiernos, con este escenario los poderes fácticos preparan el camino para seguir imponiendo su proyecto de despojo y muerte.     Desde su campaña electoral, el priista Ulises Ruiz acuñó la consigna de “no más marchas ni plantones”, comprometiéndose con los sectores oligárquicos mas reaccionarios a cancelar de facto las garantías constitucionales de libertad de expresión, de organización y de manifestación, aunque para ello tuviera que recurrir a las mas aberrantes violaciones de los derechos humanos, exigencia de las más rudimentarias oligarquías oaxaqueñas, finalmente consumado en la página negra del 2006.   Hoy en día, los reaccionarios oaxaqueños nuevamente se desatan en una afanosa campaña mediática para satanizar, con el mismo discurso de aquellos nefastos días, al movimiento social organizado, que estuvo en las primeras líneas de resistencia en contra del autoritarismo del PRIPANismo oaxaqueño, lucha que hizo posible el triunfo del gobierno actual.     Con una aberrante ignorancia y desmemoria histórica claman por la aplicación del Estado de Derecho sin comprender que en el marco de los derechos humanos en el plano internacional, hoy se coincide en que “el Estado de Derecho es aquel que garantiza el disfrute de todos los derechos para todos los ciudadanos. Estado que no garantiza derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la alimentación sana y suficiente, al bienestar en general de toda su población, no es un Estado de Derecho”. En consecuencia, un Estado que no cumple con esas obligaciones para con los ciudadanos y sustituye dichas obligaciones sólo con la aplicación de las facultades coactivas, se convierte en un Estado autoritario y represor, pero de ninguna manera en Estado de Derecho.   El reducido número de empresarios reaccionarios y sus corifeos que hablan a nombre de los millones de excluidos y que en el pasado régimen aplaudieron la más violenta represión cometida contra el pueblo de Oaxaca, reaparecen para demandar la criminalización de la protesta social, reivindicando las consignas del peor régimen dictatorial de la historia nacional encabezado por Porfirio Díaz: orden, paz y progreso.   Los grupos de poder intentan hacer creer a la sociedad que el problema radica en las movilizaciones que deben de proscribirse, escondiendo que el fondo social de las manifestaciones radica en la injusticia, miseria, marginación y exclusión de toda posibilidad de bienestar de los millones de oaxaqueños que viven en la extrema pobreza.   En este contexto, el gobierno actual propone el “Pacto de Gobernabilidad y Concordia”, cuyo objetivo principal es comprometer al movimiento social organizado a la desmovilización, sin que implique un compromiso del gobierno con la Transición Democrática con Justicia Social.     Para amplios sectores sociales y populares de Oaxaca, la anhelada transición se encuentra estancada o en el peor de los casos en proceso de ser abortada, por lo que reactivarla y proyectarla se convierte en la tarea política fundamental del gobierno y la sociedad civil.   La Transición en Oaxaca debe cumplir al menos tres condiciones fundamentales que pueden desarrollarse simultáneamente:   a. El desmantelamiento del régimen autoritario, en todos sus aspectos, incluyendo las estructuras construidas al interior del aparato de gobierno y fuera de él como los organismos corporativos de control social, los vínculos con los sectores empresariales que se enriquecieron a la sombra de la corrupción, así como los grupos paramilitares que instauró el gobierno anterior.       Las viejas prácticas autoritarias del ejercicio del poder se siguen manifestando en el “nuevo” gobierno estatal, por ejemplo la designación del titular de la defensoría de los derechos humanos del pueblos de Oaxaca se realizo sin tomar en cuenta las propuestas de los diferentes grupos de la sociedad civil, se impuso a una persona que no cubre con los requisitos previstos en la ley y asi privilegia los intereses del grupo en el poder.  

El sistema de partidos políticos no representa los intereses de nuestro pueblo por lo que se hace necesaria una nueva cultura política que involucre de manera permanente a los diferentes sectores sociales y populares en el rumbo de las determinaciones fundamentales del desarrollo para el estado.

  b. La restauración del tejido social, que en primer término significa el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra el pueblo de Oaxaca durante el régimen anterior, castigo a los que saquearon las arcas publicas haciendo más profunda la miseria del pueblo, así como las investigaciones necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos ocurridos durante ese periodo, para prevenir que acontecimientos de esa naturaleza se repitan en nuestro estado.     c. La construcción de un verdadero Régimen Democrático con Justicia Social, el cual debe considerar una amplia participación ciudadana para la elaboración de una nueva constitución estatal y leyes reglamentarias, coherente con los objetivos, valores y principios que implica un régimen democrático, donde se garanticen los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el impulso al desarrollo del campo, como ejes fundamentales y transversales del nuevo pacto social.   Hacemos un llamamiento a las organizaciones sociales, gremiales, de la sociedad civil, estudiantiles, de mujeres, ecologistas y a las de diversidad sexual, al pueblo en general a la construcción de este nuevo proyecto.   Las organizaciones firmantes invitamos a los Tres Poderes del Estado a la firma de este acuerdo político, que no representa otra cosa que los compromisos que hizo el actual gobernador con el pueblo de Oaxaca para ganar la Gubernatura.   Oaxaca de Juárez, Oaxaca, “Ciudad de la Resistencia”, 14 de Mayo del 2012   Colectivo Feminista de Mujeres Lilas, Servicios para una Educación Alternativa A.C.-EDUCA, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C. –CAMPO, Liga Mexicana por la defensa de los Derechos Humanos-LIMEDH, Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos A.C. –OPIZ, Coordinadora de Colonias Unidas -CCU, Unidad por la Fuerza Indígena y Campesina -UFIC, Movimiento Social por la Democracia -MSD , Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas -COOA, Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo -COCEI, Comité de Defensa Ciudadana -CODECI, Comité de Defensa de los Derechos Indígenas -CODEDI, Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo- CODEP, Frente Indígena Zapoteco –FIZ, Organizaciones Indias por los Derechos humanos en Oaxaca -OIDHO, Organización de Pueblos Indígenas –OPI, Unión nacional de Trabajadores Agrícolas -UNTA