Anayeli GARCÍA M./CIMAC
Oaxaca, México.- Las cuotas de género son para promover el adelanto de las mujeres y su derecho legítimo de ser postuladas como candidatas, no para promover familiares ni privilegiar a unas cuantas, advirtió la politóloga María Subiñas Abad.
La también profesora-investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México (Flacso) criticó que los institutos políticos cumplieran la cuota de género postulando a esposas, hermanas o familiares de los líderes de los partidos.
En entrevista con Cimacnoticias, tras la presentación del proyecto “Construyendo reglas para la igualdad de género en derechos políticos y electorales”, la especialista en representación política y género aseguró que la cuota no busca privilegiar a las mujeres sino garantizar oportunidades de participación.
Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Federal Electoral (IFE) establecieron que para los comicios de julio próximo los partidos políticos están obligados a postular a un mínimo de 40 por ciento de candidatas a diputaciones federales y senadurías.
Para cumplir con esta obligación, los institutos políticos postularon tramposamente a familiares de varones que quedaron fuera de las listas, así por ejemplo el PRI registró como candidata a una diputación plurinominal a María Elvia Amaya Araujo, esposa del ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon, y quien fue arrestado –y después liberado– en 2011 por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
En el mismo caso está Victoria Vega Gastelum, quien compite por una diputación de mayoría relativa en lugar de su esposo, Esteban Valenzuela, ex alcalde del municipio de Ahome, Sinaloa.
El PRD, por ejemplo, postuló a una diputación de mayoría a Dulce María Romero Aquino, hermana del ex dirigente del sol azteca en Veracruz Enrique Romero Aquino.
En los casos de familiares promovidas para cumplir la cuota de género, destaca la candidata a una diputación plurinominal Guadalupe Ortega Pacheco, hermana de la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco.
Otra priista que va por una diputación de representación proporcional es Lizbeth Loy Gamboa Song, hija de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Lizbeth Loy Song Encalada.
URGE REFORMA AL COFIPE
Al respecto, la especialista María Subiñas Abad explicó que “las cuotas de género son para promover el adelanto de la mujeres y el derecho legítimo de ser postulada como candidata, y en ese sentido la cuota de género no busca privilegiar a las mujeres, sino lograr un equilibrio (de oportunidades)”.
Insistió en que la finalidad de las cuotas no es promover familiares por el sólo hecho de ser mujeres, sino generar oportunidades para que las que ya participan en la política puedan ser postuladas a un cargo de elección popular como una diputación o una senaduría.
De acuerdo con la académica, la sentencia del TEPJF del 30 de noviembre de 2011 sobre las cuotas de género fue un avance en la lucha contra la impunidad por el incumplimiento de esta norma, por ello lamentó que los partidos sigan sin dar oportunidades a las mujeres.
Subiñas urgió a reformar los códigos electorales locales y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para que las mexicanas puedan ser postuladas a cargos de elección popular.
Además afirmó que con la cuota se busca el cumplimiento de los derechos de un grupo que ha estado en desventaja política, y por ello es necesario incorporar al Cofipe las obligaciones establecidas en la sentencia del TEPJF.
Adelantó que en breve el PNUD, ONU Mujeres, la Flacso-México y el TEPJF presentarán unas recomendaciones para reformar el Cofipe. Entre ellas que se establezca como una obligación las candidaturas propietarias y suplentes del mismo sexo.
La académica mencionó que para hacer de las candidaturas una oportunidad real para las mujeres, los partidos deben postular a aquellas con mayor capacidad y trayectoria, otorgarles recursos para sus campañas, garantizar que accedan a medios de comunicación y evitar el “acoso político”.
Subiñas Abad agregó que los institutos políticos también deben asumir obligaciones en este tema y promover acciones afirmativas internas, así como eliminar las prácticas discriminatorias.
