Se pronuncian defensoras de DDHH contra amenazas a activistas en el Istmo

Oaxaca, México.- La Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales con 24 años de trabajo en 12 estados del país, han conocido desde el año pasado que Lucila Bettina Cruz Velázquez y la abogada Maribel González Pedro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, habían recibido amenazas.     Las amenazas han venido de parte de trabajadores de la CFE y de la empresa eólica DEMEX por su activa participación en la defensa de los pueblos en el istmo de Tehuantepec que se oponen a la forma en que han venido actuando las  empresas eólicas como DEMEX, filial de la española Renovalia, PRENEAL y las empresas BIMBO, COCA COLA, OXXO, entre otras, para instalar aerogeneradores en Unión Hidalgo y San Dionisio del Mar, y ante el alto cobro de las tarifas eléctricas que realiza la CFE  en Santa María Xadani, Álvaro Obregón y  Juchitán.     El día miércoles 22 de febrero la Sra. Bettina Cruz, defensora zapoteca,  fue detenida por agentes de la PGR, incomunicada por 5 horas y encarcelada por más de 30 horas. Todo esto a pesar de contar con medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca desde el 14 de noviembre de 2011. Hoy se encuentra procesada por el Juzgado VI de Distrito de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en donde se le dictó auto de formal prisión por los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad.   La Sra. Bettina Cruz se encuentra libre bajo fianza y ha apelado a la decisión del Juez ante el Tribunal del Estado de Oaxaca   Quienes integramos la Red de Promotoras y Asesoras Rurales hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se observen todos los elementos del debido proceso en el caso de la Sra. Cruz Velásquez, toda vez que se trata de una defensora de derechos humanos colectivos e individuales, pues acompañar a los pueblos mencionados en la defensa de sus derechos, incluyen el derecho de los pueblos a ser consultados como lo señala el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Oaxaca, en su artículo 53. Por la extensión de los parques eólicos se afecta además el Derecho a la Alimentación de estos pueblos, ya que se encuentran en terrenos donde se cultivaba entre otros alimentos, el maíz zapalote, materia prima de productos básicos en la dieta  istmeña y fuente de empleo de miles de mujeres en esta región. En el caso de San Dionisio y en otros pueblos ikoots donde se pretende ampliar este proyecto, se encuentra amenazada la pesca tradicional, en la que trabajan y de la que se alimentan estos pueblos.   La detención de la defensora, Sra. Cruz Velázquez,  se suma a otros casos que hemos conocido en nuestro país, por lo que  hacemos un llamado al Estado mexicano a cumplir su  compromiso en materia de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y a poner un alto a su criminalización.   Como organización comprometida con los derechos humanos, incluidos los derechos humanos de las mujeres, el derecho a la alimentación  y los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, exigimos al Secretario de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos:  

• Que se garantice el derecho al debido proceso de la Sra. Cruz Velázquez;
•  Que ella sea exonerada de todo delito y su nombre quede libre de toda sospecha;
• Que se tomen de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física tanto de la Sra. Cruz Velázquez como de los demás integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.
• Que se cumpla con la solicitud de terminación anticipada de los contratos de arrendamiento en Unión Hidalgo ante la empresa DEMEX y   se respete la decisión de la comunidad de San Dionisio del Mar de no aceptar el proyecto de Mareña Renovables en su territorio.
  • Consulta, previa, información y diálogo verdaderos con los pueblos y organizaciones de la región, con participación de observadores de derechos humanos con probidad, respecto al proyecto de parques eólicos, pues la ausencia de  dichos mecanismos  deja en indefensión a las mujeres y hombres que habitan ancestralmente este territorio.