Mujeres y Política/Justicia para mujeres, pasos cortos

Soledad JARQUÍN EDGAR Oaxaca, México.- El dictamen con proyecto de decreto que reforma y adición a diversas disposiciones del código penal, el código de procedimientos penales y el código procesal que tipifica el delito de feminicidio está ya en la antesala de las muchas salas que tiene que pasar para que sea aprobado y votado por 42 integrantes de la Legislatura en Oaxaca. Eso, claro está, si no se arrepienten antes los señores diputados. Lo cierto es que han pasado casi 365 días desde que la iniciativa fue enviada al Congreso local firmada por el mismísimo Gabino Cué Monteagudo, que después de eso nada “movió” para promover, cabildear, consultar o hacer eso que la costumbre dicta entre quienes “representan” a la ciudadanía, eso sí, aclaro, bajo lo intereses partidistas y personales, dicho en otras palabras, Cué dejó que la iniciativa siguiera un largo y tortuoso camino, lleno de prejuicios y condicionamientos propios de la estructura patriarcal que persiste en el siglo XXI y en eso que llaman pomposamente el “año de la no violencia contra las mujeres” esto también en Oaxaca. Un “avance” con graves retrocesos al quedar fuera algunos delitos planteados en la iniciativa presentada hace un año y la exclusión, por ejemplo, de las medidas y órdenes de protección que fueron eliminadas, a pesar de que éstas podrían en algunos casos reducir el riesgo de asesinato de mujeres, experiencia que hemos vivido en más de una ocasión en Oaxaca. Por otro lado, coinciden organizaciones civiles consultadas, no está mal el tratamiento que finalmente acordó la diputación al caso de feminicidio, más aún cuando las reformas son profundas en los códigos respectivos. La iniciativa entró al congreso local el 11 de agosto de 2011. Hace un año, buscaba no sólo considerar como delito al feminicidio sino también incluir como tales la violencia familiar y la violencia obstétrica. Pero tal parece era demasiado y quienes integran las comisiones de Administración de Justicia como de Equidad de Género optaron por no hacerse bolas, no meterse en camisa de 11 varas y en un año de trabajo “arduo”, “muy sesudo” e incluso “muy agotador” el dictamen ya está listo, pero sólo en cuanto al tema del feminicidio, lo demás tendrá que esperar hasta que aparezca la inteligencia y sobre todo se erradique el miedo a grupos de poder bien constituidos como el de los multimillonarios médicos oaxaqueños y los mal intencionados sindicatos del sector salud, que exigieron no tipificar la violencia obstétrica, empezando por el propio titular del ramo, el siempre enamorado Secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos. Las razones para no proceder de acuerdo a lo planteado en la iniciativa son simples. Ya lo explica la misma exposición de motivos del dictamen de feminicidio como delito. Se comprueba y reafirma el papel de subordinación, de menosprecio e inferioridad que las mujeres aún tienen en el imaginario y en lo real de la construcción patriarcal, que como explican las académicas, reflejan la misoginia y el acérrimo machismo, sólo que ahora se institucionalizan en el Legislativo. Sí a su partido y voluntad personal convencen habrá pues delito de feminicidio en Oaxaca, las otras dos: la violencia obstétrica y la violencia familiar se irán al cajón de la basura. En el asunto de la violencia obstétrica no hay duda alguna, en el fondo lo que existe es un conflicto derivado de la falta de información adecuada y oportuna, pero sobre todo hay intereses económicos por encima de la salud y muchas veces de la vida de las mujeres. En el segundo caso, los varones del Legislativo están detenidos, paralizados, ante la imposibilidad de enfrentar el tema de la violencia familiar, porque comprobado está que pasa por sus propias historias de vida.  En tanto que las legisladoras equiparan sus vidas personales, “sus muy exitosas vidas personales” y terminan por sostener que “sí a ellas no les pasa eso de la violencia familiar ¿cómo es posible que a otras sí? y están convencidas que a las otras, les pasa por flojas y por tontas. Así que seguirá vigente esa ley que castiga la violencia familiar promovida por la brillante diputada petista Hita Ortiz y aprobada por el resto de sus aún más brillantes compañeras y compañeros diputados. El resultado es lo que vemos: mujeres detenidas y encarceladas, generalmente mujeres pobres, porque –indebidamente- golpearon, regañaron o castigaron a sus hijas e hijos.  Sin duda es detestable la violencia contra las niñas y los niños, es detestable como una forma de educación y cómo se quiera ver, pero ahora resulta que las mujeres pobres, sin ninguna posibilidad de nada, son las que están en las cárceles y no quienes se pretendía debían estar detenidos: los señores que sí castigan, que sí golpean hasta dejar cicatrices visibles o invisibles en las mujeres y en el resto de quienes integran sus familias, ellos no son denunciados, a ellos nadie los persigue a pesar de las cifras que nos ofrecen las propias instituciones y ahí es donde se nota la desigualdad profunda, que luego termina en violencia y, peor aún, en la muerte de las mujeres de todas las edades y clases sociales.

DELITO DE FEMINICIDIO

Así que a un año de haber recibido la iniciativa para tipificar nuevos delitos y al mismo tiempo hacer lo propio en los códigos penales y procesales, la gente que “trabaja” en San Raymundo Jalpan está por decidir si aprueba, al menos, el delito de feminicidio y eso no podemos dejar de considerarlo como un posible paso hacia delante. La versión del dictamen, cuya copia tenemos en nuestras manos, señala que asesinar a una mujer tendrá un castigo de 30 a 40 años de cárcel, es decir, igual que asesinar a un hombre. “Con relación a las penas privativas de la libertad y económicas que se prevén para el tipo penal de feminicidio es de señalarse que no se trata de poner la muerte de una mujer por encima de la muerte de un hombre, si no que el feminicidio se considera un homicidio de mujer agravado per se por las motivaciones que conlleva y las circunstancias en las que se da, por ello se aplica la pena de feminicidio de 30 a 40 años, que coincide con el homicidio agravado, sin dejar de lado que no toda privación de la vida de una mujer constituye un feminicidio…” Es decir, la pena carcelaria por asesinar a una mujer o a un hombre es la misma, pero aumentaría en resarcimiento del daño para el caso de feminicidio. Es curioso pero la razón expuesta para este punto es la que las y los integrantes de las comisiones involucradas en este trabajo no aceptaron para las penas carcelarias y se explica con el siguiente párrafo: “El resarcimiento del daño para el caso del feminicidio, muestra una cantidad mayor que la designada para el homicidio por la razón de que una de las características del feminicidio es la saña y crueldad con la que se comete el hecho o la motivación radicada en el género de la víctima”. ¿Atole con el dedo? Me pregunto utilizando esa popular frase porque no veo otra explicación real. Por otro lado, el dictamen prevé “castigo diferenciado si entre el activo y la víctima existió una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, relaciones de convivencia, noviazgo, amistad, laboral, docente o cualquier otra que implique confianza o  cuando el sujeto pasivo o activo sea o haya sido servidor público integrante de las corporaciones de seguridad pública o de las instituciones de procuración o impartición de justicia o de las fuerzas armadas, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión del delito”. Entonces como se establece en este dictamen el Artículo 413 del Código Penal la sanción aumentaría sustancialmente de 40 a 60 años de prisión y multa también. Las comisiones unidas coincidieron también en considerar el feminicidio como un delito pluriofensivo que demanda una tipificación autónoma, por lo que proponen modificar el Título Vigésimo Segundo del Código Penal, llamado delitos contra la familia y que se denominaría en adelante como Delitos contra el Derecho a una vida libre de violencia. En próximas entregas debemos analizar cómo es esta clasificación del delito de feminicidio y cuáles serán los alcances en relación con las instituciones responsables de investigar e impartir justicia para las familias de las víctimas. En ese sentido hay que reconocer que las legisladoras y legisladores pusieron el dedo en el renglón porque la omisión del estado ha provocado esa enorme impunidad en la que hoy mismo nadan los cadáveres en descomposición por la falta de justicia y que admitieron entonces la solicitud planteada en la iniciativa firmada por el ejecutivo hace un año, pero como ya sabemos fue realizada por organizaciones ciudadanas convocadas por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. No es para menos, aquí lo hemos planteado y basta con recorrer un poco la cortina para ver con escozor la ausencia de justicia que empieza por los pésimos métodos de investigación so pretexto de nulidad de recursos financieros para ejecutar las acciones y que se traducen –como vemos de forma más habitual de la que deseáramos- en actos de corrupción policíaca y también de ese intocable personal que está en el Tribunal Superior de Justicia, amén, claro está de la corrupción de altos funcionarios, el terrible enriquecimiento ilegal en el que se cae por el desvío frecuente de recursos públicos para asuntos personales. De lo que más se quejan las mujeres  y las familias es de falta de justicia para ellas y hay muchos testimonios en ese sentido, niñas y mujeres violadas, desaparecidas y asesinadas en una gran diversidad de comunidades oaxaqueñas sin que nadie haga nada al respecto y ese nadie es la responsable de realizar las investigaciones: Procuraduría General de Justicia del Estado que curiosamente brilla por su ausencia, está llena de burocracia y representa para las familias tocar puertas infinitamente y a veces hasta que se cansan y desisten porque nadie les hace caso. Cuando se apruebe el delito de feminicidio, las instancias responsables de procuración de justicia deberán elaborar un protocolo de investigación, partiendo del hecho de que todos los asesinatos de mujeres se deberán investigar como feminicidio y para ello, todavía, habrá que esperar un año. Así de lenta ha sido la justicia para las mujeres.

LAS COSAS IMPORTANTES

Hay que observar con mucho detenimiento y cuidado las razones por las que la Procuraduría General de Justicia del Estado pretende instituir a la Subprocuraduría de  Delitos contra la Mujer por Razón de Género por encima de un Centro de Justicia que se anunció hace ya varios meses con bombos y platillos. Ha sido la propia Subprocuradora Ileana Hernández quien ha dado esa explicación a las organizaciones civiles que asistieron a una reunión en la que explicó cómo operará dicha relación: subprocuraduría-centro de justicia. En opinión de las organizaciones es con qué cara hace estas propuestas la subprocuradora si con su paquete no ha podido. Sin duda hay mar de fondo. La PGJE acciona esta medida a través de la ineficiente Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género porque en medio hay dinero, unos 25 millones de pesos para empezar. La pregunta es, Ileana Hernández le hará el trabajo sucio a quienes otra vez buscan manejar el dinero destinado a procurar la justicia para las mujeres o sólo es un acto de ambición que la hará terminar sujeta a las decisiones de otros, como lo dicta su propia experiencia como Subprocuradora, queja que sostiene desde que era Fiscal: la falta de dinero como elemento sustancial para no poder hacer su trabajo. ¿Podrá con las dos instancias como pretende? www.caracolasfem.blogspot.com