Desplazados triquis piden garantias para regresar a Copala

Oaxaca, México.- Los  desplazados  de San Juan Copala  beneficiarios de las medidas cautelares MC-197-10 emitidas por  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nombraron a su  nueva dirigencia e informaron  a través de un pronunciamiento  que aceptaron una reubicación temporal mientras el gobierno del Estado genera condiciones óptimas para un regreso seguro a su comunidad de origen.

En asamblea  de beneficiarios de las medidas cautelares  y desplazados  nombraron como nuevos  representantes a Braulio Hernández Hernández, Manuel de Jesús  Ramírez, Carmen de Jesús López, Fidel Santillán Flores, Enrique González Martínez, Marcelina  de Jesús López y Mariana Flores López.

Debido a que  sus antiguos representantes Reyna Martínez Flores y Marcos Albino Ortiz  entregaron de forma caprichosa y en parte los recursos económicos que se otorgaron como reparación del daño debido a las violaciones de derechos humanos de las que fueron objeto, por lo que  fueron desconocidos y en su lugar se nombró en agosto del 2012 a Lorena Merino.

Afirmaron que  Lorena Merino tomó decisiones por cuenta propia y abuso de su buena fe al utilizar recursos económicos en beneficio propio, además  introdujo en su movimiento a personas extrañas como  Agustín, Basilio, Virgilio, Margarita, Elmer, Elvira, Aurelia y Rosa Ramírez García apodados “La familia Estrella”  que ni son desplazados, ni beneficiarios de medidas cautelaras, además de ser originarios de la Ciudad de México.

Los desplazados del municipio autónomo  San Juan Copala  agregaron que a pesar de haber aceptado la reubicación continúan firmes  en la búsqueda del cumplimiento de sus demandas principales que son que el Estado garantice una vida digna, justicia a los más de 30 asesinatos ocurridos y se generen la condiciones para su regreso seguro.

Finalizaron diciendo que dan un voto de confianza al Estado  y como muestra de su  voluntad para solucionar el conflicto pacíficamente  aceptaron la reubicación temporal para el ejercicio  del derecho a una vida digna.