SEGOB, SRE y SEGEGO piden a triquis nuevo censo de desplazados

Oaxaca, México.- En una estrecha coordinación entre autoridades estatales y federales, así como de observadores de derechos humanos, a petición del Gobierno del Estado, funcionarios de los dos niveles de gobierno exhortaron de manera respetuosa a las personas ubicadas en plantón en el Zócalo de la Ciudad, a realizar el censo de las mujeres y hombres que son beneficiarios directos de las medidas cautelares (MC-197-10) emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 135 personas triquis.

Lo anterior, con el propósito de que el Gobierno del Estado haga efectivo el derecho de aquellas personas que cuentan con la protección de la CIDH, a fin de brindarles las garantías de seguridad, atención médica, educación y alimentación, y con ello puedan gozar de una vida saludable y con la atención permanente de la administración estatal, que encabeza el Gobernador Gabino Cué Monteagudo, sin que esto signifique bajo ninguna circunstancia que a quienes puedan ser censados se les vaya a otorgar prestación económica alguna.

Este acuerdo se deriva de los convenios pactados durante una reunión de trabajo celebrada en noviembre de 2012 en la Ciudad de México, entre autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con un grupo de habitantes  de San Juan Copala, donde también participaron la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado y la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), en la cual se estableció realizar el censo de las personas favorecidas con las medidas cautelares para otorgarles la protección del Estado.

En este marco, una comisión de funcionarios estatales y federales, encabezados por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Religiosos de la Segego, Dagoberto Carreño Gopar, se presentaron frente a Palacio de Gobierno –donde un grupo de familias triquis permanecen en plantón- para solicitar que permitieran llevar a cabo el censo y determinar así quienes de los que están en plantón realmente son beneficiarios de medidas cautelares y quienes solamente aprovechan este plantón para realizar otro tipo de actividades.

En dicha comisión participaron el representante de la Secretaría de Gobernación, Vicente García Esparza y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Víctor Koyoc Cauich, así como personal de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado.

            El Gobierno del Estado lamenta mucho que no haya existido la disposición de los representantes de los beneficiarios de medidas cautelares para permitir que se lleve a cabo este censo, ya que ello permite que personas ajenas a los beneficiarios de medidas cautelares de San Juan Copala sigan aprovechándose del plantón instalado frente a Palacio de Gobierno.

Al respecto, el subsecretario de la Segego, Dagoberto Carreño Gopar manifestó el compromiso indeclinable del Gobierno de Gabino Cué de ofrecer todas las garantías a las familias desplazadas de San Juan Copala, al señalar que desde el inicio de su administración, el Ejecutivo Estatal priorizó este tema como de las agendas más importantes de su Gobierno.

Cabe destacar que desde el inicio de la administración de Gabino Cué Monteagudo se ha privilegiado la búsqueda de acuerdos al añejo conflicto que se padece en San Juan Copala, con el propósito que mediante el diálogo y el consenso se disminuya la tensión en esta zona de la entidad.

Asimismo, el Gobierno del Estado ha dado cabal cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 135 ciudadanos desplazados de San Juan Copala, como el operativo interinstitucional realizado el 3 de agosto de 2012 para salvaguardar la integridad de los ciudadanos desplazados de las comunidades de Valle del Río y San Pedro Copala, pertenecientes al Distrito de Putla, a quienes se resguardo en la Ciudad de Tlaxiaco y se les proporcionó todo lo necesario para su sustento y protección.

  De igual forma, la administración estatal otorgó por única vez –en los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012- un apoyo de 150 mil pesos a cada una de las familias cauteladas, bajo el concepto de resarcimiento de daños por las afectaciones sufridas, cuyos recibos obran en los archivos de la Secretaría General de Gobierno.   En octubre de 2012, en la agencia de San Juan Copala, se restablecieron los servicios educativos luego de tres años sin clases, dado la alta conflictividad, y durante el año pasado se autorizó una inversión presupuestal de 68 millones de pesos distribuidos en las 32 agencias municipales de la zona Triqui.