Bárbara García Chávez Oaxaca, México.- En diferentes actos políticos de trascendencia mediática el gobierno de Oaxaca ha contado con una excepcional actuación de enlace con organismos internacionales, política encargada a Jaime Bolaños Cacho, desempeñándose formalmente en esa área o bien desde su nueva trinchera, sin embargo, no hay que restarle merito a su Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, referida a Oaxaca desde el mismísimo gobierno ebrardista y de origen “ciudadano” que ha alcanzado privilegios de gestión por el ascenso de su dirigente Emilio Álvarez Icaza Longoria, hoy Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por supuesto, que los avances políticos en materia de derechos humanos de su mentor, permiten a Cruzvillegas alcanzar acuerdos para el reconocimiento y legitimación de las  acciones del gobernador Gabino Cué Monteagudo en materia de derechos humanos por parte de funcionarios y funcionarias de instancias internacionales (ONU-OEA) y algunas organizaciones independientes que realzan y se explotan incontrolablemente desde la oficina de comunicación social del estado. El tema de los derechos humanos y el “buen quehacer” del gobierno, vuelve a estar en las palestras políticas del Oaxaca, cuando los intrincados electorales se desarrollan con hartos percances y cuestionamientos ciudadanos. El último reconocimiento promovido por el gobierno calderonista, al que representó la canciller –de entonces- Patricia Espinosa en octubre del año pasado, con el premio Más Naciones Unidas en México, entregado a Cué Monteagudo,  por su compromiso con el desarrollo humano del pueblo oaxaqueño y con la cooperación internacional y –dijeron- “por su rectitud y por su coraje, un sentimiento de renovación y cambio, de aire fresco combinado con la necesaria experiencia que da esperanza democrática de la mayoría de su pueblo”. Reconocimiento que precisamente coincidió con el agravamiento del problema en relación a los fondos para potenciar empresas europeas en el Istmo de Tehuantepec. En días pasados la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, ha llamado a la movilización permanente de sus pueblos al que se han sumado más de cien organizaciones sociales y civiles de México suscribiendo un comunicado en el que hacen un llamado al gobernador de Oaxaca a “evitar la utilización de la fuerza pública para reprimir la protesta social” y a no imponer “proyectos trasnacionales en aras de un desarrollo, sin que se beneficie en igualdad de derechos a los dueños originarios de los territorios indígenas”. Se aúna a este problema la denuncia pública del asalto y represión por grupos parapoliciacos que imputan enviados por el gobierno estatal  a un grupo de jóvenes activistas que operan una radio comunitaria en Juchitán de Zaragoza, que opera también como centro comunitario y cultural, que ha servido en múltiples actividades como: orientación académica a niños, escenario de expresiones artísticas y punto de reunión de la comunidad hablante de zapoteco, lengua originaria de esa población. Esta situación de emergencia se suma a la ingobernabilidad de varios municipios en diversas regiones del estado, a la falta de garantías que precautoriamente tendría que haber en la región Triqui y que a falta de acciones contundentes y eficaces, se ha reeditado el desplazamiento de cientos de mujeres niños y niñas fundamentalmente argumentando la falta de cumplimiento de los acuerdos pactados para el regreso a sus comunidades. También está presente el constante reclamo de organizaciones civiles como el Frente de Organizaciones Contra el Terrorismo de Estado (FOCTEO) y Sobrevivientes y  Ex presos Políticos de Oaxaca por la Defensa de los Derechos (SEPDDH); el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP); el  Comité de Defensa  de   (CODEDI – XANICA); las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos de Oaxaca (OIDHO), que no quitan el dedo del renglón, calificando a los aliados del gobierno como farsa de izquierda y señalan la demagogia de Gabino Cué, al no actuar con acciones contundentes frente a los crímenes cometidos por los gobiernos anteriores, persecución, apresamiento y asesinatos cometidos contra los pueblos indígenas, especialmente contra la comunidad loxicha durante el gobierno de Diódoro Carrasco y la violación sistemática a los derechos humanos por la política autoritaria de Ulises Ruiz. Su impunidad sigue siendo una deuda con el pueblo oaxaqueño. Hasta la fecha no hay ningún funcionario procesado de la administración pasada por los crímenes políticos perpetrados contra los activistas sociales, lo que afirman hace cómplice al actual gobierno del cambio. Por otro lado, no se puede dejar de lado la permanente inestabilidad que vive Oaxaca por la incertidumbre que causan los bloqueos y las movilizaciones del magisterio que además dejan a miles de niños y niñas sin clases, y complican la vida laboral de las madres de familia; sin contar con los sucesos violentos que protagoniza este sector en perjuicio de la ciudadanía. En estas condiciones el gobernador Gabino Cué Monteagudo se reunió con representante de las Brigadas Internacionales de Paz -Peace Brigades International (PBI), por sus siglas en inglés- organización no gubernamental que protege los derechos humanos y a sus defensores, los cuales -otra vez- le reconocieron su activismo en este rubro, dejando –de nueva cuenta - los hechos separados de su papel de “defensor de derechos humanos”. Además… Este martes el gobernador Gabino Cué y la dirigencia de la Sección 22 convinieron en que la iniciativa de ley en materia educativa que presentará el gobernador Gabino Cué la próxima semana contendrá el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO). Es decir, que el gobierno de Oaxaca planteará formalmente al legislativo local que no se implemente en Oaxaca, como excepcional, el derecho a la educación en los términos constitucionales de acuerdo a la última reforma, lo que generará sin duda un conflicto jurídico considerando que los derechos humanos establecidos en la Constitución federal son de plena y general jurisdicción en el territorio nacional. No garantizar la protección de un derecho humano fundamental como es la educación, y excepcionalmente recurrir a la suspensión de esta garantía implicaría sin duda una declaración formal en los términos del artículo 29 de la propia Constitución. Entonces el PTEO como norma diferenciada ¿implica un estado de excepción? ¿Se suspende o no la garantía a la educación en los términos del artículo 3º, si el congreso local aprueba la implementación de una reforma distinta a la federal? El Estado de excepción aquí y en China se determina bajo la premisa sine qua non de “crisis” que implica que la Constitución se ve confrontada a una situación no prevista. (El ejemplo más claro es la oposición de algún grupo “desestabilizador”). Aparece la diferencia entre situaciones de normalidad y anormalidad. Aquí en caso de crisis lo fáctico ha superado lo regulado y se impone la fuerza normativa de lo fáctico sobre la legalidad institucionalizada. La constitución responde a esas crisis incorporando un modelo alterno de organización del poder y allí aparecen los Estados de Excepción. En principio el Estado de Excepción se puede ubicar dentro del concepto más amplio de dictadura. Desde el punto de vista político, la dictadura es una situación de hecho y de derecho que se opone al Estado de Derecho. La doctrina distingue entre una legalidad ordinaria que regula los actos y hechos que se producen en situaciones de normalidad y una legalidad extraordinaria (estado de excepción), que regula los actos y hechos que se producen en situaciones excepcionales. En cualquiera de los dos casos, la permanencia del Estado de Derecho determina que los poderes públicos deben estar sometidos al principio de la legalidad. La mayoría de juristas serios, consideran que los estados de excepción, en sentido estricto, "son regímenes jurídicos especiales originados en circunstancias extraordinarias de variada índole –natural, ecológica, sanitaria, económica, política-, que ponen en peligro la estabilidad de la instituciones, o la vida de la nación o de sus habitantes, cuya finalidad es procurar el restablecimiento de la normalidad". El Estado de Excepción normalmente se invoca o se pretende instaurar por grupos de poder fáctico, muchas veces más poderoso que el propio poder de Estado, para desvirtuar las instituciones constitucionales y no para preservarlas, ya que además de su carácter desorbitado, se ha traducido en la restricción (cuando no en la violación sistemática) de la mayoría de los derechos fundamentales”. Es importante también no perder de vista que el estado de excepción es una garantía de la constitución. Incorporar este modelo supone la negación temporal del orden constitucional previsto con una ventaja aparente que es mantener la eficacia formal de la constitución y facilitar la vuelta a la normalidad. En fin, el caso es que en el futuro inmediato, Oaxaca estará otra vez en la vorágine política en la que habrá de resolver un asunto de índole nacional. Habrá que ver. Canalgentelibre.com