Anayeli García Martínez y Lizbeth Ortiz Acevedo México.- De cara a una eventual reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, senadoras aseguraron que los cambios harán efectiva la persecución del delito, mientras que agrupaciones civiles advierten un “retroceso” que puede generar impunidad. El pasado 8 de octubre la Comisión Contra la Trata de Personas de la Cámara Alta presentó una propuesta respaldada por al menos 50 legisladores para modificar la Ley contra la Trata, que fue aprobada apenas en 2012, sin embargo, de inmediato surgieron opiniones que descalificaron la propuesta por considerar que es un retroceso. Organizaciones como Comisión Unidos vs Trata señalan que la reforma deja de reconocer que las víctimas de este delito tienen daños distintos a otras víctimas, y que para realizar la reforma no se hicieron foros de consulta ni un análisis previo de la situación. Al participar hoy en el foro “Buenas prácticas internacionales contra la trata de personas”, que se realizó en el Senado, las legisladoras dijeron que, contrario a lo que señalan algunas agrupaciones, la propuesta de reforma se está trabajando de forma abierta y transparente, y con el respaldo de organizaciones civiles, juristas y expertos internacionales. La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado, la panista Adriana Dávila Fernández, destacó que “no es reformar por reformar”, sino cumplir con su función como legisladoras y revisar el marco jurídico para establecer tipos penales y buscar los mejores mecanismos para atender a las víctimas. Dijo que el proyecto de reforma no vulnera los derechos de las víctimas y afirmó que hay un desconocimiento de quienes señalan lo contrario, porque cuando los operadores de justicia tengan que definir la reparación del daño de una persona víctima de trata se tendrá que recurrir a la Ley General de Víctimas, que establece el proceso a seguir. A decir de los contrarios a las modificaciones, al tocar la ley se dejaría de reconocer su espíritu y carácter “integral, coordinador e incluyente”. Al respecto, la senadora priista Lucero Saldaña sostuvo que desde organismos internacionales se han hecho recomendaciones a México para reformar la legislación en la materia, y así hacer más efectiva la persecución de este delito pues de acuerdo con las procuradurías estatales, con la actual norma es complicado acreditar el delito. Como ejemplo, la actual ley dice que para acreditar el delito de trata se tiene que probar que se lesionó “la vida, dignidad, libertad, integridad, seguridad y libre desarrollo de una persona”, pero de acuerdo con las legisladoras esto es un “error” porque el artículo 19 constitucional dice que el único bien protegido en este caso es el “libre desarrollo”. Por ello la senadora Saldaña dijo que se hizo esta propuesta, que es respaldada por los senadores y por diversas organizaciones, aunque explicó que existen algunas agrupaciones y legisladores que han expresado dudas concretas sobre artículos específicos, por lo que aún están haciendo una revisión y análisis antes de aprobar un dictamen. En tanto, la senadora perredista Angélica de la Peña criticó que haya una campaña contra la propuesta legislativa y que se afirme que el Senado tiene “intereses oscuros” en el tema. “Nos gustaría saber con precisión cuáles son y si conllevan comisiones de delito, y quien lo refiere está obligado a denunciarlos, de lo contrario es apología del delito”. De la Peña destacó que a través de estas reformas las legisladoras buscan garantizar la certeza jurídica y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales de las personas, y hacer más eficiente la aplicación de la ley en el combate, sanción y erradicación de la trata de personas en apego a la Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos (DH). Entre los 60 errores enumerados por la Comisión dictaminadora se destaca que la actual ley no castiga el intento de cometer el delito, no sanciona el servicio forzado o la servidumbre, y evita el concurso de delitos, es decir, que se pueda juzgar a una persona por varios delitos relacionados con la trata. Además establece supuestos que a decir de las legisladoras complican que se acredite el delito de trata o esclavitud. Por ejemplo, condiciona que el sujeto a quien se acusa haya obtenido dinero para acreditar que se cometió una conducta delictiva, pero a decir de las senadoras en casos como la pornografía infantil no siempre se obtiene un beneficio económico. Por su parte, Teresa Ulloa, directora regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Contra la Trata de Mujeres y Niñas, dijo que las modificaciones planteadas por la Cámara alta perfeccionan y amplían los delitos, aunque reconoció que es preocupante que los derechos de las víctimas se remitan a la Ley General de Víctimas. En ese sentido, el presidente de la organización civil Reintegra, Germán Villar, señaló que los derechos de las víctimas son muy específicos ya requieren una atención especial, por lo que no podrían entrar en la Ley General. El activista se manifestó en contra de la eliminación de ese apartado, ya que México está obligado por su compromiso ante el Protocolo de Palermo a dar atención específica a las y los sobrevivientes de la trata de personas.