Anaiz Zamora MárquezCIMAC Oaxaca, México.- De 2000 a 2011 México recibió mil 361 recomendaciones en materia de Derechos Humanos (DH) de las mujeres por parte de organismos internacionales, y no obstante la violencia y agresiones que sufren las mexicanas lejos de disminuir van en incremento. Durante la reciente visita a México de Soledad Murillo, ex integrante del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Cátedra UNESCO de DH –adscrita a la UNAM– presentó una investigación sobre el rezago de nuestro país para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. El reporte “¿Cumple la Administración Pública Federal con las recomendaciones del Comité CEDAW? Seguimiento de las recomendaciones de la CEDAW en México 2009-2012.” –presentado la semana pasada– informa que de 2000 a 2011 México recibió más de mil 300 recomendaciones derivadas de los impedimentos y obstáculos que viven las mujeres para acceder plenamente a sus DH. De acuerdo con la investigación, 314 de las observaciones están relacionadas con la violencia que padecen las mexicanas y 101 corresponden sólo a Ciudad Juárez. El reporte también da cuenta que de 1983 a la fecha el Comité CEDAW emitió 106 recomendaciones al Estado mexicano, de las el gobierno –al presentar su informe anual– siempre afirma que está en camino de cumplirlas e implementarlas en su totalidad. La mayoría de las recomendaciones del Comité se enfocan en el poco acceso de las mujeres a la justicia, así como en la implementación y procuración de ésta, aunque se destaca que un número considerable están relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. Gloria Ramírez, presidenta de la Cátedra UNESCO, consideró que  las recomendaciones se cumplen muy lentamente, ya que si bien México avanzó en la legislación en la materia, esto no se traduce en mejoría para las mujeres. Agregó que la realidad de las mexicanas siempre se refleja a nivel internacional en los informes “sombra” –presentados por organizaciones civiles ante la CEDAW–, pues en ellos se da cuenta de lo que el Estado “omite mencionar”. El reporte asienta que en 2009 se dio la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, y en 2011 el Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional en materia de DH, lo que marcó pautas distintas para México. Destaca como parte del incumplimiento de las recomendaciones la no implementación de las herramientas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), tales como la Alerta de Violencia de Género que hasta la fecha no se ha aplicado. Igualmente, no hay un Plan Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como la falta de difusión de las mismas recomendaciones, ya que muchas de las dependencias encargadas de implementarlas argumentan su desconocimiento o que están fuera de sus facultades legales.