Oaxaca, México.- Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada por la posibilidad de que Edgar Tamayo Arias, ciudadano mexicano, sea ejecutado en Texas pese a que tras su detención se le negaron sus derechos consulares. De llevarse a cabo, su ejecución violará el derecho internacional y una sentencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Edgar Tamayo Arias, es uno de los 51 mexicanos para los que la CIJ ordenó la revisión de su proceso judicial al determinar que se violaron derechos establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Sin embargo, el pasado 13 de noviembre la Suprema Corte de Estados Unidos se negó a revisar el caso.

Tamayo Arias fue condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1994. Edgar tenía 26 años en el momento del delito. Ahora tiene 45, y aunque es ciudadano mexicano tras su detención en ningún momento le informaron de su derecho a pedir asistencia consular, según establece el artículo 36 de la Convención de Viena.

Texas se ha negado a acatar el fallo de la CIJ y ha ejecutado ya a dos mexicanos amparados por su sentencia: José Ernesto Medellín, en mayo de 2008, y Humberto Leal, en julio de 2011.

El acceso oportuno a la asistencia consular es fundamental para acceder a un juicio justo para quienes son procesados en un país distinto al suyo, especialmente en un sistema que aplica la pena capital, y en el que la asistencia legal que el Estado proporciona a los acusados que no pueden permitirse contratar un abogado es sumamente inadecuada. Sin esta asistencia consular, personas como Tamayo Arias, que se encuentran en un país extranjero y no tienen experiencia en el sistema de justicia penal, se encuentran en una situación de especial dificultad para acceder a un juicio justo.

Amnistía Internacional llama al gobierno de Texas a cumplir la sentencia de la CIJ y revisar la condena y sentencia contra Edgar Tamayo asegurando el pleno respeto de sus derechos, incluidos los derechos garantizados por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Al mismo tiempo, AI llama al gobierno de Texas a conmutar la pena de muerte contra Edgar Tamayo.

La organización llama también al gobierno del presidente Obama a cumplir su obligación de asegurarse que los estados acaten plenamente el fallo de CIJ y se revise el proceso a todos los mexicanos cuyos casos se encuentran amparados por esta sentencia. Son 7 los estados dónde había mexicanos condenados a muerte sin haber recibido asistencia consular y que fueron llevados a la CIJ en el llamado caso Avena: Texas, California, Nebraska, Nevada, Ohio, Oregón y Pensilvania.

De acuerdo al derecho internacional, las sentencias de la CIJ deben cumplirse incondicionalmente y no cabe como excusa argumentar incompatibilidades con el derecho nacional.   Información adicional

La CIJ, establecida en 1945, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Entre otras, su función es resolver, de acuerdo con el derecho internacional, disputas legales presentadas por los gobiernos. México presentó en 2003 su caso contra Estados Unidos basado en la Convención de Viena, que dio lugar a la sentencia de la CIJ Avena y otros ciudadanos mexicanos, dictada el 31 de marzo de 2004. Estados Unidos aún no ha cumplido la resolución Avena, pese a que está de acuerdo en que tiene obligación de hacerlo.

El 28 de febrero de 2005, el entonces presidente George W. Bush respondió a la resolución de la CIJ pidiendo que los tribunales estatales proporcionaran la “revisión y reconsideración” necesarias de todos los casos afectados. La Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas resolvió más tarde que el presidente carecía de autoridad constitucional para obligar a los tribunales estatales a acatar su orden, y que la resolución Avena no tenía validez jurídica en los tribunales nacionales. El caso se llevó ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El estado de Texas, aunque alegó que el presidente se había excedido en su autoridad, reconoció que “nadie cuestiona que Estados Unidos tiene la obligación jurídica internacional de cumplir la resolución Avena”.

El 25 de marzo de 2008, en Medellín v. Texas, la Corte Suprema concluyó por unanimidad que la resolución Avena “constituye una obligación del derecho internacional por parte de Estados Unidos”.  Sin embargo, por una mayoría de seis contra tres, la Corte decidió que la resolución de la CIJ “no es automáticamente vinculante en la ley nacional” y que la autoridad de ponerla en práctica no recaía en el presidente, sino en el Congreso de Estados Unidos (véase http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/025/2008/en).

Estados Unidos es el único país de América que durante el último año llevó a cabo ejecuciones, siendo Texas el estado donde ocurrieron la mayoría de ellas. De acuerdo al Departamento de Justicia Criminal de Texas, cerca de la tercera parte (31%) de las personas ejecutadas durante el 2011 eran de origen hispano y casi dos tercios (65%) de las personas ejecutadas en los últimos 10 años pertenecen a minorías étnicas[1].

El pasado 4 de abril, la Cámara de Diputados hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que solicite al Congreso y al gobernador del Estado de Texas clemencia para Edgar Tamayo Arias. Un día antes, el 3 de abril, el Senado de la República propuso un punto de acuerdo que una vez aprobado solicitaría a la SRE información sobre las medidas que se están tomando para apoyar a personas mexicanas sentenciadas a pena de muerte en los Estados Unidos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente del delito, del delincuente o del método de ejecución.

El día de hoy Amnistía Internacional hará público su informe sobre el estado de la pena de muerte en todo el mundo.