Oaxaca, México.- ongresos estatales in La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los estados de la República Mexicana que aún no han firmado el convenio de cooperación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a tomar medidas para proteger el trabajo de estos grupos de la población. En la sesión de este miércoles las y los legisladores aprobaron un punto de acuerdo presentado en junio por los senadores del PRD, Angélica de la Peña y Alejandro Encinas, quienes pidieron que los estados informen qué medidas han realizado para dar cumplimiento a las solicitudes de colaboración del Mecanismo. El senador del PRD, Alejandro Encinas, criticó que Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y el Distrito Federal no hayan suscrito el convenio de colaboración ni hayan establecido mecanismos de protección para las personas que son objeto de agresión por su activismo o por informar. “Este es un problema serio. Al momento han sido ya reconocidas hasta 78 solicitudes para que sea establecido el mecanismo de protección, mientras la violencia sigue incrementándose”, dijo el senador. Mencionó que el punto de acuerdo se presentó cuando la organización con trabajo en libertad de expresión, Artículo 19, informó que se habían cometido 207 agresiones contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH), la mayoría en Veracruz, Distrito Federal, Oaxaca y Baja California, estados que concentran el 41.5 por ciento de las agresiones. En el caso de las agresiones documentadas contra mujeres periodistas, de acuerdo con el informe “Violencia contra Mujeres Periodistas” elaborado por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), el primero en su tipo que documenta las violencias contra mujeres del gremio, destaca que mientras en 2008 se registraron 5 casos a 2011 la cifra se incrementó a 31, pero no existe una base de datos oficial desagregada por sexo ni con las particularidades enfrentadas por las mujeres. El senador lamentó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas no haya presentado avances significativos en la mayor parte de los casos que le corresponde analizar, y que no prosperen las investigaciones sobre agresiones y amenazas contra defensores en la Procuraduría General de la República. En tanto la diputada del PRI, Cristina González Cruz, recordó que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ordena que la federación y los estados tomen acciones conjuntas para facilitar y garantizar la operación eficaz y eficiente de los mecanismos de protección. Agregó que su grupo parlamentario está comprometido con los periodistas y defensores y lamentó la ola de incidentes que afectan la libertad de expresión como las amenazas, detenciones, el encarcelamiento, la denegación de acceso a la prensa y la falta de investigación y procesamiento de estos crímenes. Cabe mencionar que en la misma sesión el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, presentó otro punto de acuerdo pero esta vez dirigido a la Secretaría de Gobernación (Segob) por el  subejercicio de los recursos destinados a la protección de periodistas y personas defensoras. En el documento se exhorta a la Segob a cumplir su obligación de integrar el Comité Técnico que implemente y opere los recursos del Mecanismo de Protección. La información del diputado menciona que la Segob a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob y la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos, cuenta con presupuesto de 217 millones de pesos. Estos recursos son para el Fondo del Mecanismo y para el Fondo de Derechos Humanos, pero el diputado asegura que según información periodística hasta junio pasado, sólo se erogaron  5 millones 854 mil 445 pesos del total de recursos. Asimismo la prensa y las organizaciones civiles han señalado que los dos fideicomisos permanecen intactos debido a que la Segob argumenta que no se han constituido los Comités Técnicos que deben establecer las reglas de operación necesarias para administrar esos recursos. El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión para su análisis y posterior aprobación.