Oaxaca, México.- Luego de 20 años de que  el Congreso local adicionó el Artículo 138 Bis a la Constitución Política del Estado de Oaxaca  para crear la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca,  mediante el decreto número 88, la cultura de respeto a los derechos humanos se ha extendido por todas las regiones de la entidad, pero hace falta mucho por hacer, sostuvo el  titular de la ahora Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo.

Recordó que el 27 de enero de 1993  las y los integrantes de la Legislatura del Estado de Oaxaca, crearon la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, como parte de la tendencia  que generó  la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Peimbert  Calvo, expuso que a 20 años de trabajo, ahora se cuenta con una institución fortalecida a consecuencia de  las reformas constitucional  a nivel estatal en el año 2011 y por la aprobación de la Ley  que en el mes de febrero de 2012 creó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, un organismo  público, autónomo y ciudadanizado.

Con la nueva legislación estatal en materia de derechos humanos la Defensoría  cuenta con  la participación de un consejo ciudadano   que observa, opina y toma decisiones sobre su quehacer; además,   el Tribunal Superior de Justicia del Estado, contará con una Sala Constitucional   la cual conocerá de juicios en materia de derechos humanos,  al cual podrán recurrir las y los ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos cuando un servidor público se niegue a acatar las recomendaciones de este organismo.

Reconoció el trabajo  realizado por las y los diputados de la LXI Legislatura local para crear una nueva institución  que se encarga de la  defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos, pero también tiene la encomienda de promover la cultura de respeto a los derechos humanos, ya que  la tarea  principal es la prevención.

Este nuevo órgano es autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos y la no discriminación, consagrados en la Constitución del Estado, así como en el resto del orden jurídico mexicano e instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y fomentar el respeto a la identidad y derechos de las comunidades y pueblos indígenas del estado.