Oaxaca, México.- En sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), sus integrantes acordaron solicitar al Congreso del estado una reunión de trabajo para que a la brevedad posible se legisle en materia de derechos humanos tanto para la operación de las Salas Constitucionales como para la aprobación de una  Ley Estatal de Víctimas acorde a la recientemente aprobada a nivel federal.

Las consejeras María Eugenia Mata García, Martha Julia Avendaño Cordova y Sara Pilar Méndez Morales, así como los consejeros Héctor Lorenzo Estrada, José Bernardo Rodríguez Alamilla, Pedro Matías Arrazola y Arturo Peimbert Calvo,  se  instalaron en sesión pública mensual, de acuerdo lo establecido en la ley, en el auditorio de la sede de este organismo público, autónomo y ciudadanizado defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.

El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo,  precisó que el Congreso del Estado de Oaxaca destinó la cantidad de 41 millones con 41 mil pesos para que durante este ejercicio opere este organismo, por lo que se diseña un esquema administrativo para ejercer el referido presupuesto en función a las nuevas tareas y facultades que establece la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca  y su reglamento interno.

Otro de los acuerdos a los que llegó este martes el Consejo Ciudadano es solicitar al Congreso del Estado a que llame a comparecer al presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, debido a que se negó a aceptar total o parcialmente la recomendación que este organismo emitió por  la violación a derechos humanos de que fueron objeto un grupo de trabajadores de medios de comunicación por parte de elementos de la Policía de ese municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Además, el Consejo Ciudadano acordó otorgar un plazo de 15 días al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez para que amplíe y puntualice sus respuestas del por qué no aceptó en su totalidad la recomendación emitida por la DDHPO en torno a la violación de derechos humanos cometida por agentes de su Policía Municipal en agravio de integrantes del grupo #YoSoy132.

A  propuesta de los consejeros Pedro Matías Arrazola y José Bernardo Rodríguez Alamilla, la Defensoría iniciará  de oficio una queja por el alza al precio del pasaje del transporte urbano en la entidad, con la finalidad de  poder investigar y elaborar un informe especial sobre el asunto y determinar la posible vulneración a los derechos humanos de los usuarios de este servicio  público.

Asimismo, la Defensoría solicitará  información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre  la situación en que se encuentra la petición que el Consejo Ciudadano hizo el  27 de diciembre de 2012, para que ese organismo ejerza su  facultad de acción de inconstitucionalidad por las reformas a la Ley Federal del Trabajo.

Durante la misma sesión pública, la consejera María Eugenia Mata García, entregó al Defensor Arturo Peimbert Calvo  el denominado Informe Ciudadano ¡Justicia Ya! Feminicidio y violencia contra las mujeres en Oaxaca. A dos años del gobierno de la alternancia 2011-2012, elaborado por el Colectivo Huaxyacac integrado por organismos civiles defensores de derechos humanos.