Oaxaca, México.- Las y los integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca,  solicitaron a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión  desechar la propuesta de reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, presentada por un legislador el día 13 de enero pasado.

Durante  sesión  pública del Consejo Ciudadano desarrollada el  martes 12 de febrero, el consejero  José Bernardo Rodríguez Alamilla presentó una propuesta de acuerdo, avalada por todas y todos los miembros de este cuerpo colegiado,  debido a  que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se presentó la referida iniciativa.

Dicha propuesta pretende echar por tierra los logros alcanzados  en materia de derechos humanos con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en la cual se evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas.

Entre otros avances de esa reforma se encuentra la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

La propuesta de reforma en mención argumenta que en posible caso de contradicciones entre la Constitución Federal y los Tratados Internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos, deberá prevalecer la interpretación del texto constitucional y no la universalidad de los  instrumentos internacionales.

En el documento suscrito por las consejeras María Eugenia Mata García, Sara Méndez Morales, Martha Julia Avendaño Córdova, así como por los consejeros, Héctor Lorenzo Estrada, Pedro Matías Arrazola, José Bernardo Rodríguez Alamilla  y por el presidente del Consejo Ciudadano y defensor de los Derechos Humanos del  Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, se manifiesta que la DDHPO reprueba todo tipo de acto que pretenda reducir o acotar los derechos de las personas.

Además, de que atente contra el principio constitucional de progresividad que caracteriza a los derechos humanos en el país, estableciendo la obligación del Estado mexicano de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución en esta tarea.

Las y los integrantes del Consejo Ciudadano de la DDHPO  reafirmaron que la interpretación  y aplicación  del principio pro-persona, no solo depende que esté reconocido por la Constitución Federal  y tratados internacionales, sino que  también los órganos de procuración y administración de justicia  reconozcan el sentido, el alcance y los fines de todas las normas derechohumanistas.