Citlali LÓPEZ/CIMAC Oaxaca, México.- El pasado 2 de octubre, Irma, mujer indígena originaria de San Felipe Jalapa de Díaz, municipio oaxaqueño, se vio obligada a parir en el patio del centro de salud de la comunidad debido a la negativa de atención del personal médico. La violencia contra la mujer no culminó con el parto a ras de piso; minutos después del nacimiento, ella y su esposo fueron obligados a lavar la sangre y los restos de tejido que se desprendieron por el alumbramiento. Al menos el 80 por ciento de las mujeres indígenas y rurales de Oaxaca son sometidas por el personal médico en las clínicas comunitarias y hospitales a tratos discriminatorios, violencia psicológica, física y verbal, durante el control del embarazo y atención del parto, señala Mayra Morales Aldáz, representante en el estado de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser). La violencia obstétrica (aún no tipificada en la entidad) va desde el regaño hasta la negativa de atención a quienes no acuden bañadas a la cita de control o a la atención del parto, explica la activista. En la documentación realizada por Ddeser en 2007, de 210 casos en 70 localidades de 40 municipios se detectaron un total de 385 situaciones violatorias durante la atención del embarazo y parto relacionadas con demoras, violencia verbal y emocional, maltrato físico, falta de confidencialidad, falta de información y carencia de recursos. Morales Aldáz indica que a pesar de que Oaxaca es un estado multiétnico y pluricultural, los centros de salud que atienden a las mujeres de las comunidades más alejadas y marginadas carecen de un traductor o traductora, lo que deriva en desinformación para las indígenas. La defensora de los derechos sexuales y reproductivos señala que en las distintas visitas y monitoreos realizados en las zonas indígenas de Oaxaca se ha detectado que a las mujeres no las atienden porque no van bañadas a su consulta médica. “A las mujeres se les critica porque llegan a su cita después de una jornada de trabajo en el campo o en la elaboración de tortillas. Negarles la atención por no ir bañadas confronta y se convierte en un problema de salud. El hecho de que al llegar a la clínica les piden que se quiten los huaraches para no ensuciar el piso, también es una cuestión discriminatoria”, advierte. De la misma manera se detectó que las mujeres son humilladas y ofendidas cuando se quejan por los dolores de parto con frases que cuestionan su vida sexual o el número de hijos. Un análisis realizado en 2007 por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca refiere que las quejas de atención gineco-obstétrica ocupan los primeros lugares en relación con otras especialidades médicas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en la entidad habitan 964 mil mujeres consideradas indígenas o rurales por vivir en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes. Entre estas mujeres, 38 de cada 100 nacimientos registrados fueron atendidos en el domicilio de la madre y 52 de cada 100 en una clínica oficial. PANORAMA ADVERSO Zenaida Pérez, jefa del Departamento de Derechos de la Mujer Indígena de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) de Oaxaca, indica que para evitar tratos discriminatorios las mujeres no acuden a los centros de salud para su atención y deciden parir en casa, incluso cuando el parto es de alto riesgo. En el mejor de los casos las mujeres son asistidas por parteras. En el peor escenario el alumbramiento es apoyado por el esposo o por ellas mismas. Bajo estas circunstancias muchas mujeres se juegan la vida. En 2011, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social realizó un estudio sobre la calidad de la atención en el primer nivel del sector salud en comunidades indígenas y rurales. La investigación involucró a 323 mujeres de 63 clínicas de los Servicios de Salud de Oaxaca en localidades con menos de 3 mil habitantes. Entre los hallazgos más importantes está que el personal tiene poca experiencia en atención de partos y emergencias obstétricas, no se brinda atención de emergencias las 24 horas, los 365 días del año, y no se cuenta con sistema de comunicación y transporte eficiente. Además de que se envía a las mujeres a los hospitales para realizarse estudios de laboratorio y ultrasonido, lo que les genera gastos indirectos. En el 8 por ciento de los centros de salud se sigue realizando el rasurado del vello púbico (tricotomía). El estudio concluye que las unidades de primer y segundo nivel no se apegaban a lo establecido en la Constitución, la Ley General de Salud, la NOM-007-SSA2-1993, las guías de práctica médica, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la carta de los derechos del paciente, y los lineamientos de interculturalidad a nivel nacional e internacional. En agosto de 2011 el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, envió al Congreso local un paquete de reformas a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y al Código Penal, para tipificar la violencia obstétrica. La iniciativa plantea adicionar los artículos 409 y 410 del Código Penal de Oaxaca para que ese delito quede establecido como “el acto u omisión que llevan a cabo el personal médico, cirujanos y demás profesionistas similares y auxiliares, que en el ejercicio de su profesión u oficio, causen daño al cuerpo, la salud física o psicológica, así como a los procesos reproductivos de las mujeres”. La iniciativa, que permanece en la “congeladora” legislativa, contempla sanciones penales que van de tres y hasta nueve años de prisión, y sanciones económicas en distintas circunstancias. La presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, Ivonne Gallegos Carreño, ya adelantó que esta Legislatura próxima a culminar no aprobará la iniciativa debido a la oposición del sector médico del estado.