Anayeli García Martínez/CIMAC Oaxaca, México.- En junio pasado el Ejecutivo federal promulgó una reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, pero expertos en la materia aclaran que esto no significa que ahora la radio y la TV transmitan contenidos de mayor calidad, por lo que llamaron a la ciudadanía a exigir una reforma secundaria que incluya los derechos de las audiencias. En un foro en la UNAM, los especialistas Aleida Calleja, Beatriz Solís, Aimée Vega, Agustín Ramírez y Raúl Trejo Delarbre, dijeron que no se puede prohibir la difusión de ciertos contenidos, ya que se atentaría contra la libertad de expresión, aunque apuntaron que el nuevo órgano regulador debe vigilar que la programación no sea discriminatoria ni afecte los derechos de las personas. Por estas razones, las y los expertos invitaron a la población a presionar al Legislativo para que recoja y adopte las consideraciones de la propuesta ciudadana para crear la Ley Convergente de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una iniciativa impulsada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y suscrita por otras 300 organizaciones civiles. La Amedi, junto con la Coalición Ciudadana Democracia y Medios, elaboró un proyecto de ley, compuesta de 391 artículos y 45 transitorios, que recoge diversas propuestas sobre libertad de expresión, derecho a la información, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y que buscan reforzar la reciente reforma constitucional. Al respecto Aleida Calleja, ex presidenta de la Amedi, señaló que en la propuesta ciudadana se ponen sobre la mesa los contenidos y los derechos de la niñez, las mujeres y las personas con discapacidad; se detallan las condiciones de los medios de uso social; se nombran los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, y se hacen especificaciones sobre la banda ancha, entre otros temas. Sin embargo, la especialista dijo que en la propuesta de ley no se prohíbe ningún tipo de contenido, porque esto atentaría contra la libertad de expresión. Indicó que esta propuesta no pretende censurar, pero sí busca proteger a grupos como la niñez y por ello se propone que el único tema donde se pueda hacer una vigilancia sea en los contenidos dirigidos a esta población. Además Agustín Ramírez, abogado y nuevo presidente de la Amedi, subrayó que el tema de los contenidos genera controversia, y por ello en esta redacción se optó por incluir derechos esenciales de las audiencias como el de la libertad de expresión, de información, el derecho de acceso a las tecnologías de información y el derecho de réplica. Agregó que a fin de vigilar los contenidos se propone que los medios tengan sus propios códigos de ética y se cree un consejo ciudadano con expertos que puedan hacer recomendaciones al nuevo órgano regulador (el Instituto Federal de Telecomunicaciones), a fin de que no haya contenidos discriminatorios o denigrantes. En tanto Beatriz Solís, investigadora de la UAM  Xochimilco, observó que si la ciudadanía no exige contenidos de calidad, los concesionarios no se preocuparan por el tipo de programación que difunden, por ello aseguró que una forma de expresar estas demandas puede ser la figura de “defensor de la audiencia” que sería un intermediario entre ciudadanía y medios. “Ni la reforma constitucional ni la ley secundaria, las mejores que hayan, van a resolver un problema. Habrá nuevas reglas, pero no sé si nuevos medios. Todo va a depender de que nosotros exijamos, de que estemos atentos, de que sepamos cumplir los tres pasos mínimos del ciudadano convertido en audiencia: conocer, evaluar y denunciar o reforzar”, dijo la académica. La investigadora de la UNAM y experta en género y comunicación Aimée Vega precisó que si bien la propuesta de la Amedi no incluye mayores especificaciones sobre el papel de los medios de comunicación en la erradicación de la violencia contra las mujeres, es un buen principio para exigir que la próxima ley secundaria incluya mandatos claros con perspectiva de género. La actual iniciativa ciudadana menciona en un artículo que los concesionarios de medios deberán “garantizar el acceso a contenidos plurales que atiendan las necesidades de comunicación de grupos en situación de vulnerabilidad como es el caso de mujeres, niñez, inmigrantes, personas con capacidades especiales, refugiados, así como comunidades lingüísticas y culturales”. Asimismo dice que los concesionarios deberán garantizar la transmisión de contenidos no discriminatorios, y fomentar los derechos de la niñez y la juventud, entre otras especificaciones relacionadas con los derechos de las audiencias. Vega mencionó que el movimiento feminista, las académicas y las activistas hicieron una presión importante en esta propuesta ciudadana y si bien algunos puntos fueron incluidos no lograron que el tema fuera transversal, por lo que apuntó que aún falta convencer a actores que no están sensibilizados con la perspectiva de género y los derechos de las mujeres. Raúl Trejo Delarbre, investigador de la UNAM y miembro de la Amedi, agregó que nuevas reglas significan más opciones pero no necesariamente más calidad. Señaló que la calidad no depende de regular los medios privados porque en todo caso se tendrán los mismos contenidos, sólo que ahora en alta definición y con la opción de llegar a más lugares, por lo que llamó a la ciudadanía a prestar atención al tema. Cabe decir que la propuesta ciudadana de ley ya fue presentada a los partidos políticos firmantes del Pacto por México y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ahora la Amedi y las agrupaciones han iniciado una campaña para dar a conocer su iniciativa y esperan en breve llevar el proyecto al Senado a fin de que sea retomado. Además hay que mencionar que hasta ahora ni el Ejecutivo federal ni el Legislativo han presentado sus proyectos de leyes secundarias, sin embargo tienen hasta diciembre próximo para discutir y aprobar la nueva normatividad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.