Oaxaca, México.- El diputado local Flavio Sosa Villavicencio demandó al gobernador Gabino Cué Monteagudo ordenar a las instancias competentes agilizar las investigaciones sobre los posibles actos de corrupción y desvío de recursos públicos ocurridos durante la administración pasada, acusada por el mal uso de más de cuatro mil millones de pesos.

En la primera sesión del último periodo ordinario de sesiones, en el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan, el legislador del Partido del Trabajo propuso un punto de acuerdo para que el Congreso realice la solicitud anterior e informe al Congreso sobre el estado y los avances en las investigaciones relacionadas con la administración del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Transcurrido ya mucho tiempo de las acusaciones oficiales, “no hemos sabido de acciones claras en contra de quienes hayan cometido el latrocinio contra el erario”, por lo que “es menester conocer qué ha hecho la actual administración acerca de de los crímenes cometidos contra el pueblo de Oaxaca, y en su caso avanzar en los procesos para evitar de nuevo que reine la impunidad”, expresó.

La iniciativa, que fue turnada a la Junta de Coordinación Política, generó un debate en el que participaron los diputados Elías Cortés y Francisco García López, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), e Isaac Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN).

Al defender su propuesta en la tribuna, Flavio Sosa cuestionó a la actual administración, cuyos funcionarios parecieran buscar un carpetazo a lo relacionado con el gobierno criminal de Ulises Ruiz.

“Parecen no tener conciencia de que impunidad implica injusticia, de que la injusticia abona a la inconformidad social, a la inestabilidad y a la violencia. O lo tienen claro y actúan de manera perversa, como enemigos internos, para minar desde adentro la posibilidad de actuar de este gobierno y alejarle del amplísimo apoyo popular que tuvo al principio de su gestión”, externó.

Dijo que la sociedad está harta y necesita saber quiénes dejaron a sus pueblos sin hospitales, “a sus familias sin posibilidad de atender la salud y las urgencias médicas, condenadas a una muerte que hubiera sido evitable” de contenerse la corrupción que imperó en el sexenio pasado, y “necesitamos saber quién permitió el desfalco al sector educativo mediante nóminas de fantasmas”.

“Necesitamos que el actual gobierno se sacuda las inercias o intervenciones directas del antiguo régimen, porque la sociedad necesita que los culpables sean castigados”, insistió, y afirmó que la injusticia es solapada por un régimen de complicidades que pervive de una administración a otra, y que se resiste a dejar de actuar a pesar de la alternancia.

“Necesitamos voluntad y medidas legales eficaces y urgentes para no dejar que la impunidad continúe corroyendo ya no sólo al sistema de justicia, sino también a la credibilidad de las instituciones gubernamentales, y a través de ella, a la legitimidad del Estado en su conjunto”, externó.

Recordó, “como muestra clara de la estrecha correlación entre pobreza y corrupción”, que el número de oaxaqueños que empobrecieron en los dos últimos años del gobierno pasado representa una cifra histórica, aun cuanto entre el quinto y sexto año del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, Oaxaca vio pasar a 247 mil 100 personas a la pobreza.

También mencionó que en diciembre de 2011, ante la Legislatura, la contralora Perla Woolrich informó que existen cuatro querellas e “infinidad” de procedimientos de responsabilidad relacionados con ex funcionarios, entre ellos el propio Ulises Ruiz y el ex director de Coplade Bulmaro Rito, a quienes la funcionaria estatal llamó “pillos connotadísimos”.

En esa y otras ocasiones, agregó, la Secretaría de Contraloría ha dado a conocer los graves casos de desvío de recursos financieros por una cantidad superior a los cuatro mil millones de pesos en los que se han visto involucrados diversos funcionarios públicos de la administración de Ulises Ruiz.

En agosto de 2011, dijo, fue aprobado un punto de acuerdo, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno del estado de Oaxaca investigar la corrupción y el desvío de recursos durante la administración pasada y agilizar las auditorías que se practicaban entonces.

Mencionó también la publicación de expedientes oficiales según los cuales existían procedimientos contra ex funcionarios de la Secretaría de Salud por el mal uso de más de 93 millones de pesos, erogados de manera indebida sólo en una dependencia, sólo en un ejercicio anual.

Al inicio de la presente administración estatal, abundó, el secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, reconoció que el ex gobernador Ruiz dejó 102 obras hospitalarias inconclusas y 52 litigios contra empresas constructoras que “no existen hoy, de las que no hay domicilio, no hay teléfono, incluso tenían domicilio de casas habitación”.

“El pueblo necesita saber. El pueblo necesita confiar en sus instituciones. Y el sistema político requiere que el pueblo confíe en sus instituciones, o sobreviene el colapso”, expuso.

En otro momento de la sesión, Flavio Sosa propuso también eliminar los boletos de cortesía que se entregan a diputados y funcionarios para que tengan acceso gratis a la Guelaguetza, con el fin de que todos paguen sus entradas y se amplíe el beneficio económico para el estado.