Adriana Franco Rosales/CIMAC Oaxaca, México.- Pese a que en nuestro país la mayoría de las organizaciones que brindan asistencia a las y los migrantes están integradas por mujeres, las defensoras de esta población son invisibilizadas y no se reconoce su labor, criticó Marusia López Cruz, coordinadora regional de Asociadas por lo Justo (JASS), agrupación que documenta las agresiones contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) en México. Consultada por Cimacnoticias para conocer su opinión sobre la falta de indicadores de género en el informe “Situación general de defensoras y defensores de DH de migrantes en México”, presentado ayer, Marusia López dijo que los grupos civiles han descuidado desagregar la información por sexo, lo que impide que las defensoras sean observadas. Las mujeres son quienes salen a dar cobijo, asistencia y comida a las personas migrantes. Ellas son las que más agresiones reciben, pero no renuncian a su labor aunque no tengan las mismas redes de apoyo que los defensores, quienes toman las decisiones, están frente a los reflectores y reciben las medidas cautelares, aseveró la activista. López Cruz apuntó que debido a que los informes oficiales no incluyen una desagregación por sexo, no es posible saber cuántas defensoras de migrantes son agredidas, qué riesgos específicos enfrentan, e implementar acciones concretas para protegerlas. El informe “Situación general de defensoras y defensores de DH de migrantes en México” se presentó ayer en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), como resultado de una Misión de Observación Internacional formada por periodistas y defensores de migrantes, en Saltillo, Coahuila y Tenosique, Tabasco, zonas controladas por cárteles del narcotráfico que plagian a las y los migrantes para obligarlos a trabajar con ellos o con fines de explotación sexual comercial. Las y los observadores que participaron en la misión de observación, como Jennifer Johnson, de Latin American Luork Group, y Agustín Jiménez, de la Consejería en Proyectos de Colombia, explicaron que hay complicidad entre el crimen organizado y las autoridades en las agresiones contra las y los migrantes. Detallaron que esa “complicidad” es evidente por la impunidad que priva en las denuncias por secuestro y extorsión, y en la presencia de grupos paramilitares en los trenes de carga utilizados por la población migrante para transportarse hacia Estados Unidos. Las y los expertos consideraron que se trata de una estrategia federal para cumplir el compromiso de seguridad que pactó el gobierno de México con EU, a fin de evitar que las y los migrantes lleguen al país vecino en busca de un empleo. Es por ello, aseveraron, que las y los defensores de migrantes están en una situación cada vez más peligrosa, dado que se han convertido en enemigos del sistema político y económico al intervenir para que los DH de esta población sean respetados, dijo el obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera. A la pregunta sobre los riesgos particulares que enfrentan las defensoras y qué acciones proponen para protegerlas, las y los especialistas no supieron precisar los peligros que enfrentan las activistas. Marusia López cuestionó esa falta de análisis de género por parte de la misión internacional de observación: “El padre Alejandro Solalinde (director del albergue ‘Hermanos en el Camino’, en Ixtepec, Oaxaca) reconoció en varias ocasiones que es el trabajo de las mujeres el que permite que se lleve a cabo esta misión (de protección a las y los migrantes), pero su labor es invisible y en muchos casos ellas mismas no se asumen como defensoras”. La coordinadora regional de JASS llamó a las organizaciones civiles a que no contribuyan a “invisibilizar” a las mujeres. “Es necesario esforzarnos por realizar los informes con indicadores de género que permitan conocer cuántas defensoras de migrantes son agredidas, no sólo para reconocer su labor, sino para brindarles el respaldo y la protección adecuada”, concluyó.