CIMAC Oaxaca, México.- El asesinato de la corresponsal de la revista Proceso Regina Martínez Pérez –quien fuera encontrada muerta en su casa el 28 de abril de 2012– continúa en la impunidad, porque aunque el gobierno de Veracruz cerró el caso cuando detuvo a Jorge Antonio Hernández, “El Silva”, ahora el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE) lo dejó en libertad. [caption id="attachment_164185" align="alignright" width="297"] Regina Martínez[/caption] Desde un primer momento la revista Proceso sostuvo que la Procuraduría General de Justicia local (PGJ) no quería esclarecer el asesinato de la periodista, ya que se dedicó a “construir la culpabilidad de un individuo que no contó con recursos para defenderse, omitió perseguir al sospechoso principal, e ignoró una por una las pruebas que la coadyuvancia aportó”. Con una supuesta confesión bajo tortura, el testimonio de una mujer y sin pruebas periciales de por medio, el 9 de abril de 2013 Beatriz Rivera Hernández, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia, condenó a 38 años y dos meses de prisión a “El Silva” por los delitos de homicidio calificado y robo agravado contra la periodista veracruzana. Meses después, este 8 de agosto, los magistrados Edel Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra, integrantes de la Séptima Sala Penal del TSJE, revocaron la sentencia de prisión impuesta al presunto cómplice del asesinato. Y es que aún se tiene como primer sospechoso a Adrián Hernández Domínguez, “El Jarocho”, quien está prófugo. Sólo la magistrada Martha Ramírez Trejo estuvo en contra de la decisión de la mayoría que acordó dejar en libertad al sospechoso aludiendo que se violaron sus garantías en el proceso penal, y que careció de una debida defensa, ya que el litigante de oficio asignado por la PGJ no cumplió cabalmente con su función. En los medios de comunicación se dio a conocer que los magistrados del TSJE argumentaron que no se llevó a cabo un debido proceso, en primer término, porque no hubo orden de aprehensión para la detención del inculpado y porque el acusado fue detenido medio año después de ocurridos los hechos. Los magistrados tomaron en cuenta que “El Silva” dijo haber confesado su culpabilidad mediante “tortura”, por tanto señalaron que la declaración no era válida y que sólo había testimonios “de oídas”. Además dijeron que no hay pruebas que acrediten que el sujeto estuvo en la casa de la periodista el 28 de abril de 2011. En medio de esta decisión, Ángel Alfonso Martínez Pérez, hermano de la periodista, envió un comunicado a la prensa para manifestar su total rechazo y repudio a la decisión de la Sala Séptima del TSJE que dejó en libertad al asesino de Regina. Martínez Pérez anunció que interpondrá un amparo ante las autoridades federales, para echar abajo lo que calificó como una “injusticia” que lastima a toda su familia. “Esto no es posible. No es justo para nadie y sobre todo no es justo para la memoria de mi hermana”, enfatizó. “Yo conocí y seguí la investigación; escuché de su propia voz cómo confesó que la había golpeado y participado en su asesinato. Vi el video donde este sujeto narra la manera infame cómo cometió su delito en contra de mi hermana. Los magistrados se equivocaron”, explicó en el comunicado. Recordó que él y otro de sus hermanos identificaron algunos de los objetos que fueron robados de la casa de Regina y que estaban en poder de Hernández Silva, como su cámara fotográfica, una grabadora y el reloj de pulso que siempre usaba. De forma paradójica, la prensa local reportó que “El Silva” se niega a abandonar el Penal de Pacho Viejo por temor de lo que le puedan hacer agentes judiciales y “El Jarocho”. Aún así se prevé que el acusado quede en libertad la tarde de hoy. Entre las reacciones que ha causado la decisión de dejar en libertad al único detenido por este crimen, está la de la PGJ, que expresó su desacuerdo a través del procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien declaró que respeta pero no comparte el criterio jurídico de los magistrados. En un boletín de prensa, el funcionario dijo que el TSJE descalificó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y rechazó que la confesión se obtuviera bajo tortura, porque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión aplicó el Protocolo de Estambul, el cual fue negativo. El asesinato de Regina causó indignación entre el gremio periodístico y organismos internacionales porque las autoridades insistieron en que se trató de un “crimen pasional” y no de un delito contra la libertad de expresión. Agrupaciones como Reporteros Sin Fronteras y la Red Nacional de Periodistas se pronunciaron contra la resolución que deja en libertad a “El Silva”.