Anayeli García Martínez/CIMAC Oaxaca, México.- Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), aseguró que aunque el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) tiene acciones a favor de los Derechos Humanos (DH) no plantea una política de Estado en la materia. El defensor afirmó que en el PND, publicado el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tema de los DH aparece en un solo apartado (“México en paz”) con grandes ideas, pero que no se aterrizan a la realidad. Uno de los objetivos del PND es garantizar el respeto y protección de los DH y la erradicación de la discriminación, para lo cual –explicó Cortez– la Secretaría de Gobernación elabora un programa de acción. Además el documento menciona algunas líneas de acción como sensibilizar a las y los servidores públicos, promover protocolos de respeto a los DH en las Fuerzas Armadas y policías, y fortalecer los mecanismos de protección de personas defensoras. El investigador comentó a esta agencia que los DH no aparecen como un tema transversal en el PND, pues sólo se mencionan en un apartado a pesar de que el Estado debería considerar que no se trata de acciones aisladas. Por ejemplo, citó Cortez, en el PND se plantea garantizar el acceso a la educación, por lo tanto debería haber indicadores para saber cuánto avanza el Estado en garantizar este derecho. Sin embargo el PND elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de consultas ciudadanas y la participación de especialistas y dependencias federales, tiene acciones a favor de los DH que “ya hemos oído”, criticó el activista. Una de esas acciones son los cursos de capacitación o sensibilización de funcionarios, que a decir de Cortez no servirán de mucho si no hay una transformación de las instituciones donde las y los servidores públicos laboran. “La capacitación por sí misma no es suficiente”, dijo al señalar que quienes se capaciten regresan a instituciones donde no pueden poner en práctica sus conocimientos. Objetivos de esta naturaleza –criticó el defensor– son el modo más fácil de aparentar una preocupación por los DH sin tener que elaborar una política de Estado, para contrarrestar los retrocesos y omisiones en este ámbito. Cortez consideró que para el Estado es “fácil afirmar que cumplirá con las recomendaciones de organismos internacionales de DH, pero a la vez evade la reestructuración de una procuraduría para garantizar el acceso a la justicia”. Ante esto sostuvo que “no bastan las declaraciones” porque cumplir con una recomendación internacional supone buena voluntad, pero también cambios de fondo como aplicar sanciones e incentivos a los funcionarios encargados de respetar los DH. De forma lamentable, el PND no está encaminado a elaborar una política en este sentido, porque no se consideran las garantías humanitarias en los temas de economía o en la construcción de megaproyectos productivos violatorios de DH, sentenció. “Seguimos en riesgo de tener un discurso políticamente correcto, pero sin fuerza para generar cambios”; al igual que con Felipe Calderón se plantean acciones sin repercusión en los problemas concretos, concluyó Cortez.