Miércoles 06 de febrero, 2013. 11:31 pm
Pide Flavio Sosa a Gabino Cué no reprimir a pueblos indios
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Oaxaca, México.- El diputado Flavio Sosa Villavicencio demandó este miércoles al gobernador Gabino Cué encabezar un diálogo entre comuneros de San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón, en Juchitán, y la empresa Mareña Renovables, en conflicto por la instalación de un parque eólico en tierras comunales del istmo de Tehuantepec, con el fin llegar a acuerdos en beneficio de todas las partes.
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Foto: www.50mm.mx[/caption]
En la tribuna del Congreso del Estado, el legislador exigió al Ejecutivo estatal asumir su obligación de vigilar que los acuerdos entre indígenas e inversionistas para la instalación de generadores eléctricos no sean francamente desventajosos para los oaxaqueños, como ha ocurrido en contratos establecidos previamente por otras empresas.
Foto: www.50mm.mx[/caption]
En la tribuna del Congreso del Estado, el legislador exigió al Ejecutivo estatal asumir su obligación de vigilar que los acuerdos entre indígenas e inversionistas para la instalación de generadores eléctricos no sean francamente desventajosos para los oaxaqueños, como ha ocurrido en contratos establecidos previamente por otras empresas.Hizo un llamado “a oír primero a las y los indígenas mareños, y después a la empresa multinacional” y establecer una mesa de diálogo con el fin de cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos indígenas, y ventilar públicamente el conflicto por el parque en la barra de Santa Teresa.
Flavio Sosa exhibió un contrato aún vigente entre comuneros de Santa María del Mar y la empresa Preneal México, mediante el cual los campesinos ceden a la compañía el uso de dos mil hectáreas para la instalación de una planta eólica a cambio del pago de 115 pesos anuales por hectárea; es decir, nueve pesos con 58 centavos al mes por cada 10 mil metros cuadrados.
Citó información de la propia empresa, según la cual en marzo de 2011 vendió sus dos proyectos eólicos en Oaxaca a un consorcio multinacional integrado por el grupo empresarial FEMSA y Macquarie Capital, en una transacción con un valor de 89 millones de dólares, que equivalen a mil 130 millones 300 mil pesos, lo que consideró como una explotación injusta de los recursos de los campesinos.
Señaló la necesidad de revisar las condiciones en las que los indígenas huaves firmaron dicho acuerdo, pues han manifestado que no les fue leído en su idioma, que fueron engañados y presionados para firmarlos.
En ese sentido, citó un estudio de la UNAM que menciona “la cooptación de representantes de las comunidades y la simulación de asambleas ejidales con firmas de personas fallecidas y otras que no aparecen en el padrón ejidal para agilizar la firma de contratos y negociaciones individuales entre propietarios y empresas, con el fin de excluir a las asambleas ejidales”.
Recordó que el artículo 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que los pueblos indígenas deberán ser consultados siempre que se considere el enajenar sus tierras o transmitir de otra forma sus derechos sobre ellas, y que deberá impedirse la posibilidad de que se abuse de sus costumbres o de su desconocimiento de las leyes, para arrogarse sus tierras.
También mencionó el artículo 12 del mismo instrumento internacional, que establece la necesidad de que los gobiernos tomen medidas para garantizar que los miembros de los pueblos indígenas puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
“¿Qué ha hecho la actual administración para invalidar este leonino acuerdo, hoy aún vigente?”, preguntó Flavio Sosa; “¿qué hace para evitar que las y los indígenas de San Dionisio del Mar y de Álvaro Obregón sean explotados de la misma manera? ¿Qué hace nuestro gobierno para asegurarse de que Mareña Renovables establezca un trato justo con las y los ciudadanos oaxaqueños?”
Preguntó, igualmente, sobre las acciones del gobierno actual para garantizar, en el caso de los proyectos eólicos, los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169, y “¿qué hacen nuestras autoridades para evitar que esta vergüenza pueda ocurrir de nuevo, contra la dignidad de las y los indígenas del Istmo oaxaqueño?”
El diputado Flavio Sosa se dijo a favor de la inversión privada en Oaxaca, pero en tanto sea a través de contratos justos: “jamás apoyaré la explotación de nuestros pueblos disfrazada como ‘oportunidad de negocio’; jamás estaré de acuerdo en el trato abusivo, injusto e ignominioso que dan las empresas, nacionales o extranjeras, a los campesinos pobres de nuestra tierra”, expresó.
“Estoy a favor de la instalación de parques eólicos, estoy a favor de la inversión productiva que beneficie a las y los habitantes de nuestro estado” que, riquísimo en recursos, ha sido “empobrecido por la mala administración de gobernantes que generación tras generación han venido a servirse de los dineros del pueblo”, externó el legislador.
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