Anayeli García Martínez/CIMAC Oaxaca, México.- A propósito del siguiente Examen Periódico Universal (EPU) que realizará Naciones Unidas, el Estado mexicano informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sus “avances” para erradicar la violencia de género, el aumento de la participación política femenina, y la mejora en la salud de las mujeres. Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó el informe que en julio pasado envío al Mecanismo del EPU y en el cual hace referencia al cumplimento de las recomendaciones internacionales emitidas en 2008, aunque omite algunos de los problemas abordados por grupos civiles en sus reportes alternos. La evaluación a México será el próximo 23 de octubre en Ginebra, Suiza, donde el gobierno tendrá oportunidad de explicar los “avances” en materia de Derechos Humanos (DH). En su reciente informe, el Estado mexicano destaca la entrada en vigor de las reformas constitucionales en DH y juicio de amparo, el Pacto por México y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Sobre los derechos de las mexicanas, el documento explica que en el país existe la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Instituto Nacional de las Mujeres, y los 32 institutos estatales de la Mujer que coordinan la política nacional y local en materia de igualdad de género. El Estado mexicano refirió que en el país existen 32 sistemas estatales para prevenir la violencia de género. Sin embargo, no mencionó que también existe un Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, integrado por varias dependencias entre cuyas funciones está decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), la cual nunca se ha activado. En el caso de la violencia de género, la cancillería informó que en 27 códigos penales estatales se ha tipificado el delito de feminicidio, y recordó que esa figura jurídica se incluyó en el Código Penal Federal en junio de 2012. En este tema, organizaciones civiles, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han señalado que a pesar de la tipificación de ese delito, de 2007 a junio de 2012 los asesinatos de mujeres por razón de género dejaron 4 mil 112 víctimas en 13 estados. Además, de enero de 2011 a junio de 2012 se registraron 3 mil 976 desapariciones de mujeres en 15 entidades del país. El gobierno mexicano también informó que se han emprendido medidas institucionales como oficinas de género al interior de los tres poderes y de órganos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, para fortalecer la promoción y protección de los derechos femeninos y fomentar la igualdad. En este caso, pese a las unidades de género en el Poder Judicial, la organización civil Equis, Justicia para las Mujeres, denunció que las mujeres víctimas o imputadas por un delito siguen sin acceder a la justicia, porque los jueces y magistrados siguen juzgando con prejuicios a las mexicanas, lo que deriva en condenas injustas o en impunidad. En participación política de las mujeres, el informe detalla que el Instituto Federal Electoral (IFE) fomenta la capacitación en la materia, y realiza actividades de difusión para impulsar el liderazgo político de las mujeres. Igualmente destaca que actualmente el Congreso tiene el más alto porcentaje de legisladoras. Cabe señalar que el cumplimento de la cuota de género 60-40 en candidaturas fue resultado de una queja de mujeres políticas interpuesta en 2011 ante el máximo tribunal electoral del país. Las militantes se quejaron de que el IFE permitió que los partidos no cumplieran con el porcentaje mínimo de candidatas marcado por la ley. El cumplimiento de la cuota trajo consigo la resistencia de diversos institutos políticos, aunque al final la Cámara de Diputados quedó integrada por 189 mujeres, que representan el 37.8 por ciento, y el Senado por 44 mujeres, es decir 34.4 por ciento. Otro dato que arroja el Estado mexicano es que el presupuesto etiquetado para la igualdad de género en 2013 es de 18 mil 760 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 157 por ciento desde 2008. El informe del Estado mexicano, junto con los reportes alternos de la sociedad civil y un documento preparado por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, serán la base sobre la cual se evaluará a México y se harán las recomendaciones pertinentes.