Anayeli García Martínez/CIMAC Oaxaca, México.- De nuevo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca acotar los Derechos Humanos (DH), acusaron académicos, legisladores y activistas al criticar la iniciativa del senador Raúl Cervantes Andrade que busca reformar la Constitución mexicana en esta materia. En el foro “La reforma constitucional en Derechos Humanos. Avances y pendientes legislativos”, que se realizó hoy en la Cámara de Diputados, los activistas rechazaron la nueva intentona priista de pretender “relegar” las normas internacionales con el argumento de dar “claridad” normativa. En el encuentro –organizado por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) y al que no asistieron legisladores priistas–, los diputados de izquierda aseguraron que no apoyarán la iniciativa del diputado Francisco Arroyo Vieyra. El pasado 3 de enero, Arroyo Vieyra presentó una propuesta para reformar el artículo primero constitucional a fin de establecer la supremacía de la Constitución sobre los tratados internacionales de DH, una iniciativa que permanece sin dictaminar en la Comisión de Puntos Constitucionales. Aunado a esta propuesta, ayer martes el legislador priista Raúl Cervantes presentó otra propuesta en el Senado que pretende reformar la Carta Magna para ponerla a la par de los pactos globales de DH, que a decir de los especialistas es “innecesaria”. José Luis Caballero, académico de la Universidad Iberoamericana, aseguró que si bien la propuesta del senador Cervantes es “menos burda” que la del diputado Arroyo Vieyra, en el fondo tiene la misma intención: descalificar los acuerdos internacionales. En opinión del experto en Derecho, la propuesta del senador señala que los tratados que sean más protectores se aplicarán cuando la Constitución ya no pueda proteger más, o cuando las normas internacionales sean más garantistas en materia de DH. “En el telón de fondo ambas iniciativas tienen lo mismo aunque esté más correcta, menos burda, mejor construida, la del senador”, explicó el experto. Miguel Rábago, también académico de la Ibero, explicó que en vez de proponer nuevas reformas constitucionales es mejor dar tiempo a que el Poder Judicial, los jueces y la ciudadanía conozcan la modificación de 2011 a la Carta Magna para que la apliquen. Señaló que estas propuestas del PRI son una forma de acotar la agenda legislativa de la izquierda, toda vez que PRD, MC y PT son más afines a estos temas, y tienen herramientas para argumentar y debatir sobre DH. Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional en México, declaró que las propuestas priistas son una amenaza a la reforma constitucional de 2011, ya que ponen en riesgo los DH de la sociedad mexicana que cuenta con normas nacionales insuficientes. Afirmó además que las normas internacionales ayudan a marcar el camino de pendientes legislativos a seguir en temas como los derechos de las mujeres, la pobreza, el arraigo, la tortura, los abusos cometidos por militares, las desapariciones forzadas, o los derechos de las víctimas. Zapico expuso que aunque alguna de estas propuestas “regresivas” fueran aprobadas por el Congreso, eliminar o limitar las obligaciones internacionales del Estado mexicano no impedirá que siga recibiendo recomendaciones o sentencias por no cumplir con sus compromisos en DH. Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que si bien la iniciativa del Senado es ligeramente mejor que la que está en la Cámara  baja, no deja de ser regresiva en comparación con el texto constitucional vigente. Desde su punto de vista, el que los priistas insistan en modificar la Carta Magna a fin de evitar “contradicciones” al interpretar las normas, manda una señal de que el gobierno federal y un sector del Poder Judicial se oponen a la reforma de 2011. Amezcua señaló que ante este intento de regresión que calificó como “preocupante”, las organizaciones civiles buscarán dialogar con el senador Cervantes Andrade para hacerle ver que esta iniciativa es innecesaria y que debe ser retirada. En tanto, grupos ciudadanos emitieron un comunicado para rechazar la nueva  iniciativa priista por considerar que deriva de la falta de comprensión del significado de la reforma constitucional de 2011. Criticaron además que la nueva propuesta de Cervantes Andrade, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, pone en entredicho un compromiso real con los DH, por lo que llamaron a respetar las modificaciones de hace dos años.