Anaiz Zamora Márquez/CIMAC Oaxaca, México.- Activistas, feministas y representantes de grupos civiles manifestaron su preocupación de que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, no refleje las necesidades reales de las mexicanas y sea sólo un ejercicio más de “simulación”. El martes pasado en un hotel capitalino se llevó a cabo el Foro Nacional de Consulta para elaborar ese programa –que se dividió en las mesas de prevención, atención, sanción, erradicación y transversalización–, y el cual congregó a organizaciones civiles, académicas e investigadoras a fin de “identificar las estrategias que permitan garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. Sin embargo, el evento no convenció a las asistentes, quienes denunciaron que no se les informó cómo se incluirían sus propuestas y si conocerían el contenido del programa antes de ser publicado, paso que consideran indispensable para hacer las observaciones pertinentes a fin de lograr un impacto real en la vida de la población femenina. Claudia Cruz Santiago, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), informó a Cimacnoticias que hasta la mañana de hoy ni el Inmujeres o la Secretaría de Gobernación (Segob) –dependencias responsables de la creación del programa– habían solicitado a los grupos civiles las propuestas emanadas de las mesas de trabajo. Encargada de la coordinación de la Mesa I (“Prevención”), Cruz Santiago advirtió que la falta de transparencia en el proceso de redacción y posterior publicación de las acciones puede abonar a los obstáculos que enfrentan las mexicanas para ejercer plenamente sus derechos. Enfatizó que de no ser incluidas las propuestas de activistas y académicas, la reunión sería “un simple acto de protocolo”. Rosa María Zabal Cortés, directora de Kinal Antzetik y participante en la Mesa II (“Atención”), denunció que durante la consulta no hubo una representación importante de mujeres indígenas, con alguna discapacidad, migrantes y niñas, por lo que se corre el riesgo de que no se atienda de manera adecuada a estos grupos de la población. A lo que se sumó que el tiempo para la participación era sumamente limitado, observó. La discusión –manifestó– se centró en la modificación a las estructuras institucionales y no en la manera real de atender a las mujeres víctimas de violencia, es decir, en crear nuevas estrategias que permitan la reparación del daño, la atención a la salud, resguardo y seguridad para las mujeres y sus familias. Zabal Cortés dijo desconocer cómo fueron sintetizadas las propuestas, pues no se les entregó un documento final al cual darle seguimiento: “Sólo nos dieron la dirección de una página en línea para enviar las propuestas que no nos dio tiempo presentar”. Daniela Díaz Echeverría, investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar Centro de Análisis e Investigación, presente en la Mesa III (“Erradicación”), también declaró que existe la incertidumbre sobre si las demandas y exigencias de la sociedad civil serán incluidas en el programa, pues sólo les informaron que se presentarían las versiones estenográficas de las discusiones, pero no les precisaron cuándo ni ante qué instancias. En ese sentido, las especialistas llamaron a Inmujeres y a Segob a transparentar el proceso y a realizar una nueva consulta previa a la aprobación del programa, para conocer de qué manera fueron integradas las opiniones. En el tema de prevención, como lo informó Cruz Santiago, se propuso que los programas, planes y proyectos respeten la laicidad e incluyan la perspectiva de Derechos Humanos.