Oaxaca, México.-El Gobierno del Estado de Oaxaca ha dado cumplimiento cabal a las medidas cautelares (MC -197-10)  dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 135 familias triquis, a quienes ha ofrecido alojamiento y acompañamiento, en tanto se generen las condiciones que garanticen el retorno seguro y perdurable a sus comunidades de origen.

[caption id="attachment_189861" align="alignleft" width="300"] Pseudo líderes de desplazados, todoesellos hombres, utilizan a mujeres y niños triquis para extorsionar al gobierno con el pretexto de medidas cautelares: Foto: 50MM[/caption]

En este sentido, el titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo refirmó su decisión de acatar estrictamente las recomendaciones emitidas por los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos.

Como testimonio de este compromiso, la administración estatal otorgó por única vez -en los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012- un apoyo de 150 mil pesos a cada una de las familias cauteladas, cuyos recibos obran en los archivos de la Secretaría General de Gobierno y han sido presentados ante los medios de comunicación.

En todo momento, el Gobierno del Estado ha brindado su respaldo y acompañamiento a las y los hermanos Triquis desplazados, trazando una ruta de retorno seguro a sus comunidades, en coordinación con las autoridades municipales y agrarias de la región, y prever las mejores condiciones que  garanticen la solución permanente al conflicto que le dio origen.

En este sentido, el año pasado se autorizó una inversión presupuestal de 68 millones de pesos distribuido en las 32 agencias municipales de la zona Triqui. Durante el mes de octubre en la agencia de San Juan Copala, se restablecieron los servicios educativos luego de tres años sin clases, debido a la alta conflictividad.

Cabe mencionar que en el mes de agosto de 2012, cerca de 40 indígenas triquis decidieron plantarse nuevamente en los portales del Palacio de Gobierno poniendo en riesgo su salud por las condiciones mínimas de bienestar en que habitaban niños, mujeres gestantes y ancianos. Ante ello, el Gobierno de Oaxaca ofreció a las familias desplazadas un predio de dos hectáreas de superficie, ubicado en el municipio de San Pablo Etla, para el traslado temporal de su campamento, ofrecimiento que fue rechazado por los cautelados.

Cabe señalar que de las 40 personas que participan en el plantón Triqui, solo cuatro de ellas son beneficiarias de las medidas cautelares, a quienes ya les fue cubierto el apoyo económico de 150 mil pesos otorgado por el Gobierno bajo el concepto de resarcimiento de daños por las afectaciones sufridas. En el caso de una persona faltante no aplicó este apoyo debido a que no cumplió los criterios definidos por los propios beneficiarios de las medidas cautelares.

 

En consecuencia, por las condiciones insalubres y de vulnerabilidad en que se encontraban las familias triquis que pernoctaban en el corredor del Palacio de Gobierno, el pasado 23 de diciembre, el Gobierno de Oaxaca implementó un operativo para recuperar este espacio, aplicando los protocolos del uso de la fuerza pública, persuadiendo por medio del diálogo y exhortando a las personas que ocupaban dichos espacios a que se retiraran, además de reiterar su ofrecimiento de un albergue con alimentación y servicios médicos a los inconformes.

Se trató de una decisión gubernamental fundada en razones humanitarias, que busca evitar a toda costa que se deterioren las condiciones de salud y bienestar de este grupo de manifestantes, que en su mayoría se encontraban en una situación física de alta vulnerabilidad.

  Cabe señalar que en la liberación del corredor de Palacio de Gobierno participaron elementos de las policías Estatal y Municipal de Oaxaca de Juárez, operativo que fue supervisado por personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Coordinación de Derechos Humanos del Gobierno del Estado.   El dispositivo se desarrolló con un saldo blanco, no se registró ningún tipo de enfrentamiento y no hubo personas detenidas.  

En este marco, el Gobierno del Estado reitera su firme decisión de privilegiar la salud y bienestar de las personas que posterior a este hecho decidieron instalarse sobre la calle Ricardo Flores Magón, en el Centro Histórico de la ciudad, manteniendo el ofrecimiento de alternativas de alojamiento y una mesa de diálogo para seguir atendiendo sus planteamientos.

Asimismo, hace el llamado a los manifestantes a conducir sus acciones por la vía institucional y no permitir la injerencia de personas ajenas a su movimiento que han buscado obstaculizar los acuerdos en forma sistemática, con el fin de obtener recursos y beneficios personales a costa de los intereses de este pueblo indígena.

Tal fue el caso del menor, hijo de Valentina Merino Martínez y Lázaro Hernández Hernández, quien perdió la vida el pasado 28 de diciembre en la clínica de salud ubicada en el municipio de San Jacinto Amilpas y fue trasladado al campamento triqui, buscando hacer de este hecho lamentable, una bandera política.

Cabe mencionar que en solidaridad a los deudos, el Gobierno de Estado cubrió los gastos funerarios del menor, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y los Servicios de Salud de Oaxaca, reiterando en todo momento su voluntad de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.

Por esta razón, el Gobierno del Estado conmina enérgicamente a estas personas a deponer actitudes de hostilidad y extremismo, y desde luego, los exhorta a contribuir a la búsqueda de soluciones rápidas y de fondo,  toda vez que seguir alargando el conflicto será en detrimento de las propias familias triquis.