Anaiz Zamora Márquez/CIMAC Oaxaca, México.- Los efectos y consecuencias que tiene la violencia en la vida de las niñas y las jóvenes van más allá de efectos inmediatos, pues se manifiestan en repercusiones a su salud física, mental y emocional, así como en dificultades para su desarrollo, y abarcan violaciones a sus Derechos Humanos (DH) y a sus derechos sexuales y reproductivos. Ante ese panorama, el Estado mexicano carece de políticas públicas de salud, de educación o de desarrollo, que permitan atender de manera integral y real estas consecuencias, lo que deja a las mujeres y niñas víctimas de violencia en alta vulnerabilidad de presentar secuelas y de volver a vivir situaciones de violencia a lo largo de su vida. Académicas y expertos en juventudes y DH de las mujeres reunidos en el Foro “Violencia de género, juventud y escuelas en México: Situación actual y propuestas para su prevención”, coincidieron en que la violencia (manifestada en formas que van desde los crímenes hasta actos sutiles de agresión) se ha incrementado exponencialmente en años recientes sin que se haya puesto énfasis en la atención de las víctimas. El maestro Daniel Soltero, integrante de la Asociación Mexicana de Psicotraumatología, hizo hincapié en que la violencia, especialmente la de género, ha aumentado su incidencia y sus consecuencias se manifiestan en traumas complejos, agudos o crónicos, los cuales se deben identificar mediante el conocimiento de historias de vida y no sólo mediante signos y síntomas. Es decir, la violencia se traduce en muchas ocasiones en aislamiento, cuadros de ansiedad, depresión o angustia, no sólo en el tiempo inmediato tras el hecho de violencia, sino con repercusiones que al no ser debidamente atendidas se pueden presentar en otras etapas de la vida. Agregó que “también se tiene evidencia de consecuencias que se manifiestan física o fisiológicamente, e incluso afectaciones a las estructuras neuronales que pueden llegar a ser irreversibles”. En este sentido, Soltero señaló que uno de los graves problemas de violencia que vive la población femenina joven y que deriva en “déficit importante en el desarrollo de la vida”, es el abuso sexual que en promedio se comete (o se empieza a cometer) a los 5.7 años. La doctora Luciana Ramos Lira, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, abundó en las consecuencias a la salud mental que presentan las mujeres víctimas de violencia, como la vulnerabilidad a normalizar la violencia permitiendo que se cometan agresiones en su contra por diversos actores en distintas etapas de su vida. También señaló que las víctimas de agresiones (mujeres y hombres) son proclives a reproducir o repetir patrones y conductas de violencia hacia otras personas en edades adultas. Presenciar la violencia “no necesariamente deriva en un adulto violento, pero sí es un factor de riesgo para el desarrollo de conductas violentas; si en la infancia se vive o padece violencia existe mayor probabilidad de ser un adulto violento o un adulto que ve como normal estas acciones”. La experta y consultora en violencia de género, Lucía Melgar, consideró que al no garantizar a las jóvenes el acceso a información en sexualidad, métodos anticonceptivos e interrupción segura del embarazo, se violenta su derecho a la autonomía pues éste “incluye que ellas no tengan la responsabilidad exclusiva de la maternidad y de la sexualidad”. Apuntó que se trata de una población que está en periodo de formación y de toma de decisiones, por lo que es imposible pensar en “normalizar la maternidad temprana, ya que tiene consecuencias muy graves para la vida y salud de las mujeres y niñas”.