Oaxaca, México.- En sesión pública, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, resolvió el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano por el cual se impugna el registro de Anahita Villanueva Martínez como candidata a diputada local de San Pedro y San Pablo Ayutla, otorgado por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En este juicio, cuya ponencia estuvo a cargo de la magistrada presidenta Ana Mireya Santos López, Hipólito Miguel Castorela y Teódulo Domínguez Nolasco reclaman actos relacionados con el procedimiento interno del PRI, para elegir al candidato a diputado por el distrito mencionado anteriormente. Ante tales hechos y después del análisis del caso, los magistrados electorales atendieron al principio de definitividad, es decir, que los demandantes deben agotar las instancias previas establecidas por las normas internas de dicho partido. Por lo tanto, el Tribunal Electoral ordenó reencausar la demanda a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional para que, conforme a su competencia, dicten la resolución correspondiente. De igual forma, Castorela Reyes y Domínguez Nolasco, afirman que ambas comisiones del citado partido político, negaron el derecho a los militantes de tener justicia intrapartidaria al no recibir sus impugnaciones e inconformidades. El tribunal, una vez agotado el análisis de la demanda, la declaró fundada, por lo que ordenó al Comité Directivo Estatal del PRI que remita a la Comisión Estatal de Procesos Internos  los escritos presentados por los demandantes, para que ésta dé trámite a los medios de impugnación y posteriormente rinda el informe correspondiente. Por su parte, en la ponencia del magistrado Camerino Patricio Dolores Sierra, se resolvió el JDC promovido por Jorge Gómez Ramírez, por la omisión y retardo injustificado para dar trámite a un recurso intrapartidario, hecho valer por Gómez Ramírez, que anteriormente fue reencausado a la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI. Después del estudio del caso, el Pleno determinó que causa improcedencia, por lo tanto se ordena desechar de plano este juicio.